Desaparecer en México es una posibilidad real en múltiples enclaves del país en los que la violencia y la desigualdad condicionan la existencia de personas y comunidades. La vida y la subsistencia contrastan entre un sector privilegiado y la mayoría de la población que no tiene las mismas condiciones de seguridad y acceso a la justicia. La discriminación se verifica incluso, frente a la pérdida de vidas. Lamentablemente, la injusticia y la indolencia se magnifican en la muerte.
En 2019 las desapariciones en Puebla mantuvieron una tendencia de aumento alarmante. A la desaparición de mujeres jóvenes en la zona urbana explicada por la actuación de redes de trata, se sumó la de hombres jóvenes en diversos municipios semiurbanos y rurales vinculada a la emergencia y control territorial de grupos de la delincuencia organizada dedicados al huachicol y otras actividades ilícitas.
Ese año, el delegado de la Secretaría General de Gobierno de Puebla, Fernando Tinoco Cervantes, fue secuestrado por un grupo criminal. La movilización de la Fiscalía y otras autoridades permitió su localización con una celeridad y diligencia inusitada. Infortunadamente, fue encontrado sin vida en una fosa clandestina en Huejotzingo. Por esos días, Jorge Ramírez Hernández desapareció en Santa Ana Xalmimilulco cuando un grupo de hombres se lo llevó por la fuerza. Desde entonces, su familia emprendió un largo proceso para encontrarlo y se unió al Colectivo La Voz de los Desaparecidos en Puebla, hasta que esta semana su cuerpo fue identificado, confirmando que se encontraba en las fosas donde fue ubicado el funcionario.
Una semana fue suficiente para localizar al servidor público, brindando certeza a su familia. Los llamados del Colectivo de ampliar las búsquedas en las fosas de Huejotzingo y realizar pruebas de identificación en los cuerpos ubicados fueron ignoradas. En contraste, Juliana Hernández y Eladio Ramírez enfrentaron la "burocratización del dolor" en la búsqueda de su hijo Jorge. La Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas no realizó la confronta del perfil genético, porque la media filiación no resultaba similar, según su criterio. Así, la familia debió esperar casi cuatro años para obtener la confirmación pericial y recuperar a su hijo de la fosa común a donde se envían los cuerpos no identificados.
El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU ha señalado que en México la desaparición constituye el paradigma del crimen perfecto, en gran medida por la permisibilidad de las autoridades. Por ello, ha llamado a crear una política nacional que incluya mecanismos de identificación.
La crisis forense es una emergencia nacional. Más de 100 mil familias esperan respuesta del gobierno federal y de los estados para la creación del Banco Nacional de Datos Forenses, el rediseño de los servicios periciales o el funcionamiento de unidades de análisis de contexto como condiciones mínimas para dar atender esta compleja problemática. Sin embargo, la capacidad técnica, los recursos económicos y la tecnología resultan insuficientes frente a la persistencia de una burocracia carente de empatía que actúa selectivamente. Además, se requiere de la voluntad política para afrontar los esquemas macrocriminales que posibilitan la desaparición de personas en el país.
Miles de personas siguen sin ser buscadas. Asimismo, miles de cuerpos encontrados permanecen sin identificación. En este escenario, las cifras sustituyen a los nombres y rostros de personas cuyas familias continúan en su búsqueda en vida o tratando de rescatarlos del anonimato de una segunda desaparición provocada por las autoridades al negarse a la identificación genética, arrebatando con ello la dignidad de las personas desaparecidas. Es imperativo no permitir el olvido y seguir exigiendo su búsqueda hasta encontrarles.
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@hele_simon
