La 4T y el presidente López Obrador han planteado una serie de reformas constitucionales de gran calado, cuya aprobación tendría un impacto significativo en la estructura del Estado mexicano. Analizar su contenido es una responsabilidad para el Congreso que debe abrirse a todos los actores sociales. Las propuestas sobre la Guardia Nacional y la prisión preventiva oficiosa inciden en la política de seguridad, la investigación ministerial y la administración de justicia que, en medio de un deterioro de la seguridad pública y una crisis de violencia, marcarán las futuras décadas en el país.
La iniciativa para hacer de la Guardia Nacional una fuerza armada permanente con mando y formación militar afirma tener sustento en un paradigma de seguridad ciudadana. Además, equipara la aceptación social del Ejército con eficacia policial, cuando sus orígenes, funciones y profesionalización tienen propósitos distintos, ya que los ejércitos están diseñados para conflictos armados. Aunque plantea tomar distancia de la política fallida de guerra contra el narcotráfico, no tiene elementos de una política de Estado de pacificación, por el contrario, profundiza en la militarización de la vida pública de los últimos años.
La propuesta debe replantearse desde lo local como espacio de construcción de la seguridad. Sin embargo, no abunda sobre el equipamiento, formación y profesionalización de las corporaciones policíacas, la coordinación institucional y la responsabilidad de las entidades federativas y municipios, que no han rendido cuentas y han trasladado a la Federación la responsabilidad de la estrategia de seguridad. Además, hace falta deslindar las responsabilidades de los abusos militares de los últimos años en que las fuerzas armadas han participado en funciones propias de la policía.
Convertir a la Guardia Nacional en una fuerza armada permanente atenta contra la historia constitucional del país. En 1857 y 1917, los constituyentes decidieron limitar su rol. Ponciano Arriaga –jurista reconocido por el Presidente en múltiples ocasiones–, afirmó que su participación en temas civiles, políticos y administrativos, incluyendo la seguridad y justicia era riesgosa para la vida republicana por la tentación de abuso de poder. Por ello, durante 100 años el artículo 129 constitucional permaneció inalterado. Sin embargo, la 4T plantea modificarlo y dar a las fuerzas armadas labores que trascienden su función histórica.
Por otra parte, se busca modificar nuevamente la Constitución y ampliar los delitos de prisión preventiva oficiosa. Con ello, basta la imputación de una Fiscalía para encarcelar a las personas mientras se investiga. Esto desnaturaliza su carácter excepcional hasta llegar al punto en el que 44% de las personas en prisión no tienen una sentencia.
En contra de lo dicho por la CONAGO y todas las Fiscalías del país, la oficiosidad de la prisión preventiva no se requiere porque se puede obtener justificadamente cuando se acredite su necesidad, equilibrando así los derechos de víctimas y personas vinculadas a proceso, y limitando el poder desmedido de las fiscalías.
Datos del INEGI confirman que esta medida afecta a las personas más desfavorecidas y con menos recursos. Además, no se ha cumplido el mandato constitucional de 2019 de revisar en 5 años su operación y permanencia, lo cual debía realizarse como máximo en abril de este año, sin que existan indicadores del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de las fiscalías y tribunales locales, de la FGR y del Poder Judicial Federal para evaluar objetivamente su impacto y utilidad. Por último, constituye un desacato a la Corte Interamericana que ordenó a México su eliminación el año pasado.
Ambas propuestas erosionan el carácter republicano y civil del Estado, constituyen una regresión en materia de derechos humanos y comprometen al país a una eventual responsabilidad internacional.
Coordinador de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana Puebla.
@hele_simon