Siguen las olas encrespadas. Furibundas, se han volcado sobre muchos mexicanos. Desde hace tres años iniciaron su labor de zapa, agraviando a quienes se rehúsan a guardar silencio y someterse al pensamiento único que procura dominar a México. Las arremetidas se han dirigido, a mansalva, en contra de intelectuales, empresarios, periodistas, jueces y otros ciudadanos que pretenden ejercer sus derechos y libertades. Se les califica de reaccionarios, ladrones y traidores, para empañar su figura ante los ojos del pueblo.
Con pena he sabido, a través de los medios de comunicación, que un investigador valioso, con reconocido prestigio en el mundo académico, perdió su posición a raíz de los comentarios que expresó en torno al organismo en el que prestaba sus servicios: el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE). Este centro, fundado por un grupo de intelectuales, ha prestado eminentes servicios a nuestro país en la trinchera de las ciencias sociales. Ese investigador es el doctor Alejandro Madrazo, jurista y politólogo destacado, a quien conocí cuando fue alumno de la Facultad de Derecho de la UNAM.
Es doloroso que nos privemos de investigadores, docentes y difusores de la cultura, que deben contribuir con talento y energía al progreso de México. Pero es aún más deplorable que estas pérdidas provengan de resoluciones que menoscaban la libertad de expresión, cuyo ejercicio destaca entre los derechos humanos que son cimiento de una sociedad democrática. Es inadmisible que una institución destinada al cultivo de la ciencia remueva a sus investigadores cuando postulan opiniones que difieren de los puntos de vista oficiales.
Nuestra Universidad de la Nación —la Universidad Nacional Autónoma de México—, que es un baluarte de la libertad de pensamiento, investigación y docencia, ha sufrido asedios en contra de ese derecho fundamental en la vida de los centros de cultura y de quienes expresan ideas que pueden incomodar a los poderosos. En 1933, la UNAM padeció las acechanzas del dogmatismo autoritario. De ese año fue la famosa polémica entre el maestro Antonio Caso y el joven catedrático Vicente Lombardo Toledano en un congreso de universitarios. La votación de los congresistas favoreció a Lombardo. La razón militó —entonces y ahora— en favor de don Antonio Caso, paradigma de liberales.
En aquel momento se trataba de someter a los universitarios a cierta filosofía política. Afortunadamente, no prosperó el intento de subordinación y la Universidad siguió su camino al amparo de las libertades que constan en su ideario autonómico. Otro tanto debiera ocurrir en las instituciones de ciencia y cultura que han logrado aclimatarse en México y servir a las mejores causas del pueblo. La represión no puede sustituir al diálogo ni reducir la libertad de profesores e investigadores.
Confío en que sea errónea la información que tengo sobre este hecho lamentable, que debe ser analizado puntualmente y rectificado con justicia. Y también espero que la comunidad académica no guarde silencio y pase por alto ese hecho que la agravia. La lesión a la libertad de un investigador lastima a todos los investigadores, los pone en riesgo, los intimida y frena la marcha de la cultura, factor esencial para la marcha de México. Por eso es importante destacar este achaque y elevar la voz para que se recupere la libertad y el derecho. No sólo en bien de un ciudadano, sino en bien de México, asediado por las olas encrespadas que siguen agraviando a muchos mexicanos.