Sí, temor y vergüenza —y mucho más— suscita la decisión presidencial, proclamada con pasión, de que la Guardia Nacional (que ya es un cuerpo militar, de facto) se convierta en una fracción de las Fuerzas Armadas a través de un acuerdo del Ejecutivo. Digo temor, porque implica una nueva violación a la Constitución de la República y vulnera el Estado de Derecho, menguado en el curso de estos años. Agrego vergüenza, porque esa decisión proviene del Presidente de la República, primer obligado a respetar la ley fundamental.
El grave tropiezo no es algo novedoso en los exabruptos de su protagonista. Recordemos que el candidato a la Presidencia declaró que devolvería a las Fuerzas Armadas a su misión constitucional. Pero no fue así. Al poco tiempo de las elecciones de 2018, el presidente electo creó un nuevo cuerpo sobre las cenizas de instituciones precedentes: la Guardia Nacional, que preservaría la seguridad y la paz de la nación. En el inicio de esta etapa, el bloque de diputados adictos al presidente electo inició una reforma constitucional para formalizar las promesas en torno a la Guardia.
Recordemos —nuestra memoria política suele ser muy frágil— que ocurrió un vigoroso encuentro parlamentario entre quienes reclamaban apoyo a la función policial de las entidades federativas y quienes requerían concentrar todo el poder en la nueva criatura federal. En este lance se llegó a una difícil transacción. Pero hubo más que eso, y mucho peor, que se mostró en el choque entre los partidarios del carácter civil de las instituciones de seguridad pública y los defensores de la militarización. Al cabo ocurrió otra deplorable transacción, de la que seguramente se han arrepentido quienes la suscribieron desde la oposición partidista. Aunque nominalmente prevaleció la condición civil de las instituciones de seguridad pública, al amparo del artículo 21 constitucional, hubo concesiones que abrieron el camino a la posición antagónica. En el decreto de reformas se incluyó un artículo 5º transitorio que permite al Presidente atribuir funciones policiales a las Fuerzas Armadas.
Ahí comenzó (o continuó, porque esta historia tiene raíz anterior a 2019) la militarización de esa seguridad. El 11 de mayo de 2020, el Ejecutivo emitió un acuerdo que acentuaba la aplicación policial de las Fuerzas Armadas. Se invocó aquel artículo 5º y se llegó al colmo de citar en pro del acuerdo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que por supuesto reprueba el empleo permanente e innecesario de los efectivos militares en una función esencialmente civil. En las páginas de EL UNIVERSAL (16 de mayo de 2020) cuestioné ese acuerdo.
Hoy se pretende profundizar la violación. Esto acentúa un peligroso cambio de rumbo. Por fortuna ha surgido una enérgica oposición a este nuevo agravio que pretende el Ejecutivo. Desde la tribuna presidencial llueven injurias para quienes sostienen, con la Constitución en la mano, una posición diferente de la que patrocina el promotor del quebranto constitucional.
Dije que este proyecto es temible por lo que significa como expresión de una voluntad política adversa a la Constitución y al principio de legalidad. Y señalé que apena y avergüenza que esa voluntad resida en el despacho presidencial. ¿Hasta dónde nos llevará este ímpetu? ¿Habrá un nuevo paso atrás en el Estado de Derecho? Este no es apenas un tema para políticos y juristas. Interesa a todos los mexicanos, cuya mayor garantía radica en la vigencia efectiva de los valores y principios que recoge nuestra ley fundamental, hoy asediada por el Ejecutivo de la Unión.
