Se halla a punto de naufragio un organismo de excelencia: el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE). A lo largo de cuarenta y cinco años, probó su calidad excepcional y tuvo un desempeño fecundo. Se le aprecia dentro y fuera de nuestras fronteras. Quienes saben de estas cosas, lo colocan en la vanguardia de las instituciones de su género, sin paralelo en otras regiones del mundo. Pero hoy se va a pique.
El Instituto Nacional de Ciencias Penales (tal como lo conocemos, en la plenitud de su naturaleza) quedará entre las bajas que la República acumula en esta época inclemente. Hemos sido diestros en la eliminación o la decadencia de instituciones que nuestro país alumbró para su servicio y que más tarde se desvanecieron, abatidas por la ignorancia o la indiferencia.
En 1976, ese Instituto inició sus tareas tras una preparación esmerada y con recursos modestos, aplicados a un destino necesario. Sería el foro para la investigación, la docencia y la difusión de las ciencias penales. Es decir, para el progreso del sistema jurídico penal, la criminología y la criminalística, y el diseño de la política penal de la que México había carecido (y aún carece: se trata de uno de los espacios más oscuros de la realidad imperante).
En poco tiempo, el INACIPE adquirió prestigio. Se acreditó como un organismo extraordinario al que concurrieron estudiosos de Europa y América Latina. En sus aulas profesaron los más eminentes catedráticos y en ellas se formaron numerosas generaciones de especialistas. De su desvelo provinieron múltiples obras. En su auditorio —con el nombre del ilustre criminólogo “Alfonso Quiroz Cuarón”— se han realizado centenares de encuentros científicos que contribuyeron al desarrollo de las ciencias penales. En su claustro figuran maestros mexicanos y extranjeros, académicos de primera línea, que honran la historia del Instituto y prestigian a México.
Ese organismo contó con una Junta de Gobierno integrada con representantes del Estado mexicano, pero también de instituciones de educación superior e investigación científica: la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Academia Mexicana de Ciencias Penales, a la que el INACIPE debe su nacimiento y que lo ha acompañado en el curso de varias décadas.
Pero llegó hasta esa playa la corriente demoledora de instituciones. Acudió el furor institucida que padecemos y al que me he referido en diversos artículos. No importó la excelente hoja de servicios del organismo, tampoco el testimonio de mexicanos y extranjeros que dieron fe de la gran calidad del Instituto, y ni siquiera la extensa obra constructiva que éste cumplió a lo largo y ancho de la República. Su reciente condición como organismo de investigación sucumbió bajo el embate de una reforma que lo reduce a unidad administrativa y no mide la impertinencia y las consecuencias de la demolición emprendida. ¡Otro hundimiento en los haberes de este tiempo!
El Senado de la República puso las primeras palabras en la lápida del Instituto. ¿Supo, de veras, lo que hacía? Toca el turno a la Cámara de Diputados, que habrá de completar la reforma que extingue al Instituto y cierra las páginas de su historia al servicio de México. Bien harían los testigos y beneficiarios del Instituto, sus antiguos y actuales investigadores y docentes, sus directivos, los acompañantes nacionales y extranjeros de su obra magnífica en elevar sus voces para detener la extinción de ese organismo. Aquí, como en tantos ámbitos, el silencio favorece la destrucción de lo que se construyó con infinito esfuerzo.
