En mi artículo anterior mencioné desafíos que afronta la justicia. Han crecido por el desbordamiento del poder público y la vulnerabilidad de los derechos del ciudadano. Mencioné seis desafíos. Ahora agregaré otros ocho (pero hay más), que muchos juzgadores enfrentan con valentía.
7. Hablamos de democracia. La invocan los demócratas, pero también los dictadores y sus aprendices. Éstos mueven la voluntad del pueblo y lo engañan para cosechar sufragios. La democracia se vale de convicciones e instituciones. Defiende a sus órganos electorales, cuestionadas por los autoritarios, como ocurre en México. En las manos de los tribunales —no sólo de ellos— está la respuesta a este acoso incesante y furioso. Está en riesgo la vida de la democracia.
8. Hablar de democracia es hacerlo de justicia. Es preciso avanzar en el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos, especialmente los más vulnerables. Avanzar con medidas de fondo, no con medidas “electoreras” que frenan el desarrollo. También aquí escucharemos la voz de los tribunales.
9. La inseguridad campea. Usurpa la autoridad del Estado. Intimida y cobra víctimas. Se requiere un colosal esfuerzo para serenar al “México bronco”. Ese esfuerzo no se reduce a los Tribunales, pero éstos deben enfrentar su parte, antes de que sea demasiado tarde.
10. En la polarización que nos agobia algunos funcionarios se jactan de su desprecio a la ley. Quieren instaurar el gobierno de los caprichos y las pasiones. Este es uno de los mayores desafíos que enfrentan la República y la justicia. Un solo desvío arruinaría la marcha de México y comprometería el futuro. Cada sentencia debe ser modelo de legalidad, pese a sus impugnadores, ávidos de arbitrio y poder.
11. Costó tiempo, trabajo y valor colocar a las instituciones de la República en el ámbito de sus atribuciones naturales. Las instituciones civiles y militares tienen su razón de ser y su espacio característico. Ambas sirven a México, que las necesita. Pero en este tiempo han aparecido desvíos. Nuestro más alto Tribunal habrá de resolver cuestiones de constitucionalidad que reconduzcan las aguas por el debido cauce. Interesa al porvenir de la República.
12. Hemos construido instituciones constitucionales autónomas. Sirven al buen manejo técnico y democrático de áreas esenciales de la vida social. Hoy se hallan en peligro, como toda la “institucionalidad” del país. La vida de esas instituciones es importante para México. Su custodia final atañe a la justicia, que debe frenar el sistemático “institucidio” que padecemos.
13. Es indispensable mantener la libertad de pensamiento, el rechazo a la ideología única, la resistencia contra cualquier tiranía que cautive el espíritu de los mexicanos. Las instituciones de educación superior son el blanco de proyectiles que se multiplican. Compete a la justicia, en su propio espacio, resistir los embates que se dirijan contra este sector. Si la ciencia, la técnica y las artes desfallecen, naufragaría el alma de México.
14. Una reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso Tzompaxtle Tecpile, 8 de noviembre de 2022) replantea las obligaciones de México en el doble plano nacional e internacional. Le dedicaré mi artículo siguiente, pero adelanto la esperanza de que cumplamos, como lo hicimos en el caso Radilla, nuestros deberes con la tutela de los derechos humanos, a pesar del discurso que desde hace tiempo ha esgrimido el Ejecutivo.
Los jueces y las juezas de la República tienen la palabra. Aguardamos confiadamente su buen desempeño. Ya se ha probado la excelencia de muchos juzgadores. Los valoramos y estamos con ellos.
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