En la celebración del 5 de febrero, el presidente de la República reiteró amenazas de inminente ejecución. Figuran en ciertas iniciativas de reforma constitucional anunciadas en el pasado reciente, que sirven para restaurar el pasado remoto. Es necesario que los analistas y activistas de los derechos y las libertades se mantengan en alerta ante esta flagrante mengua en el Estado de Derecho y en el desarrollo de la nación.
Me refiero a tres proyectos estelares en el programa del Ejecutivo y seguramente también en su testamento político, donde dispondrá el destino de los mexicanos. La enorme fuerza del gobernante en turno, que éste se ha ocupado en acrecentar con desmesura, se enfila al cumplimiento de las amenazas que hoy procura alojar en la Constitución.
En primer término cuenta la reforma sobre energía. Por supuesto, coincido en la necesidad de mantener a salvo la soberanía nacional en materia energética, como en muchas otras. La rectoría del Estado —que no es capricho de un gobernante— debe prevalecer. Pero no coincido en hacerlo con medidas regresivas que comprometen el porvenir de México. Esto ocurriría si se encauza al país hacia el futuro poniéndolo en el camino del pasado.
Entre las amenazas también cuenta la propuesta de militarizar más todavía la seguridad pública. He aquí otra medida regresiva que compromete seriamente el espacio de nuestras libertades y no produce los resultados benéficos que se le atribuyen. La militarización ha avanzado con paso ligero en diversos ámbitos de la vida pública. Irá adelante con la inclusión de la Guardia Nacional en las Fuerzas Armadas (inclusión que comenzó en el momento mismo de crear la Guardia).
El paso que pretende el Ejecutivo pugna con los argumentos que sustentaron la equívoca reforma constitucional de 2019, en la que se enfrentaron dos posiciones históricas: seguridad pública como tarea de las instituciones civiles o como campo para el despliegue de las instancias militares. Por lo pronto, ha quedado en el olvido la urgente formación de una auténtica policía estatal y municipal. Este olvido tiene un alto precio. Lo estamos pagando.
En la relación anunciada el 5 de febrero se halla la destrucción del sistema electoral vigente para construir otro al servicio del Ejecutivo y suprimir la representación de las minorías en los cuerpos legislativos. Esta representación, prenda de la pluralidad de nuestra sociedad civil, acredita y garantiza la condición democrática de los órganos legislativos.
En la reforma electoral con la que se nos amenaza, dando marcha atrás a las manecillas del reloj, figura el desmantelamiento del órgano electoral construido con enorme esfuerzo a lo largo de muchos años. Amenazado de destrucción, el INE enfrenta el acoso de imputaciones que lo desacreditan, encomiendas que lo sofocan y negativa de recursos indispensables para cumplir las tareas que le atribuyen la Constitución y la ley. Nunca habíamos visto un asedio similar del Ejecutivo a un órgano constitucional.
Dije que la sociedad civil debe estar en alerta frente a los cambios que se avecinan y que entrañan, ellos sí, una profunda y perniciosa “transformación”. Se le numera como Cuarta, pero las tres anteriores fueron para avanzar; la Cuarta se hace para retroceder. Aquéllas miraron al futuro; ésta retorna al pasado.
Los partidos asociados para contener pretensiones autoritarias no deben vacilar en esta hora de prueba para el futuro de la nación. Es preciso que mantengan su firmeza y su unidad. Pero la tarea concierne principalmente a la sociedad civil que aspira —es “aspiracionista”— al progreso, la justicia y la libertad.
