Anteayer envié a EL UNIVERSAL el artículo que podría aparecer hoy en las páginas de este medio hospitalario. Pero me he visto en la necesidad de solicitar a los amigos de “Opinión” que sustituyeran aquel artículo por el que ahora tiene usted a la vista, generoso lector. Reacciono frente a las palabras impropias e inaceptables que profirió el Presidente de la República el jueves 12 en su matinée republicana en contra del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ese mensaje presidencial, cargado de “intención”, no se dirigió solamente al rector de nuestra Casa de Estudios, sino a la propia Universidad.
Es bien conocida la circunstancia que motivó la andanada. No la abordaré aquí. Lo que quiero señalar es el propósito de las invectivas del Ejecutivo al referirse, con encono, a la decisión de la UNAM en un caso sujeto a la ley universitaria. Dejo el caso al examen de quienes deseen analizarlo y me refiero a la embestida contra la Universidad y su rector, que ha recibido con la dignidad y mesura propias de su personalidad y de su elevada función, el disparo de quien lo ofende a mansalva.
No ignoremos que la Universidad ha entrado en una etapa compleja de su vida institucional con motivo de la cercana elección de rector. Buen tiempo para que los adversarios de la autonomía universitaria, de la libertad de pensamiento, del autogobierno y la limpia elección de autoridades universitarias, arremetan contra los valores que entraña la Universidad. Esta es una vieja historia. De nuevo observamos con viva preocupación las tendencias autoritarias e injerencistas que se agitan contra la UNAM. Sabíamos que esta corriente imperiosa volvería a las andadas. No se oculta la codicia del poder político en su constante pretensión de apoderarse de la Universidad.
Recordemos que en los primeros días del actual gobierno, el Ejecutivo planteó al Congreso de la Unión la reforma al artículo 3º constitucional, modificando a fondo el régimen de la educación. Tampoco discuto aquí los méritos de la normativa que estaba en vigor y de la que llegó en 2019. Sólo quiero subrayar que la iniciativa del Ejecutivo suprimió el texto de la fracción VII del artículo 3º, que desde 1980 reconocía la autonomía de las universidades públicas. En el proceso legislativo se reincorporó el texto “olvidado”. Al señalarlo, destaco que la autonomía no se establece solamente como derecho de estudiantes, investigadores y profesores de esas instituciones. Es mucho más: preciosa garantía de libertad y desarrollo para el pueblo de México, destinatario y beneficiario final y supremo de la autonomía universitaria.
A partir de entonces, el Presidente de la República se ha referido a la UNAM en términos injustos y despectivos. Le ha imputado subordinación al conservadurismo y al neoliberalismo. Esas imputaciones, reiteradas periódicamente, han vuelto al escenario. Apenas encubren la intención de mellar la autonomía y poner a la Universidad al servicio de un “pensamiento único” y un proyecto político faccioso.
No es posible ignorar esa intención, que debemos denunciar y resistir. Este no era el tema de mi artículo original para EL UNIVERSAL de hoy. Lo sustituí para expresar sin dilación mi absoluto rechazo a los cargos que el Ejecutivo hizo a nuestra Universidad y a su rector. Ojalá que la comunidad universitaria tome conciencia de lo que se halla en juego y reaccione en contra de la tentación autoritaria que una vez más se cierne sobre el destino de la UNAM y pretende, también por este medio, dirigir y condicionar el destino de la nación.
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