La nave en que navegamos proclama los compromisos que conducen su travesía. Uno: “Primero los pobres”, decisión inobjetable. Otro: “No mentir, no robar, no traicionar”, deberes de moral republicana. Y uno más (que no es el último): “Devolver al pueblo lo robado”, oferta de restitución y acto de justicia.
Los pobres, carentes de medios para abrirse paso en el esfuerzo de la vida, merecen la atención principal del Estado. Para ello habría que dotarles con elementos que moderen la indigencia —diría Morelos— y eleven la calidad de la vida. En serio y por todo el tiempo que venga, a partir de nuevos cimientos sociales y económicos. Pero ahora declinan la educación y la salud y se retrae la inversión que generaría empleos y elevaría salarios. Lo que tenemos, según datos oficiales, es una acelerada distribución de la pobreza, que llega a ser miseria.
En cuanto a no mentir, no robar y no traicionar, ¿podemos decir que han cesado la mentira, el despojo y la traición en el manejo de la cosa pública? Las falacias abundan y el incumplimiento de las promesas traiciona a quienes votaron con la ilusión de que las palabras se convertirían en hechos. Algunos analistas han descrito con detalle la incongruencia entre las ofertas electorales y la realidad en la que estamos naufragando. Los ciudadanos dirán la última palabra, desde su amarga experiencia.
Por lo que toca a devolver al pueblo lo robado, hay un buen número de pendientes que ameritan atención inmediata. Atención para devolver lo que algunos hurtaron, pero también —y sobre todo— para no seguir privando al pueblo, más todavía, de los satisfactores que requiere con urgencia, es decir, para no robarle más recursos, saqueando sus expectativas con nuevos agravios.
Ahora mismo tenemos un tema que ascendió del infierno por obra de un acuerdo adoptado sin miramiento ni previsión de resultados. Las autoridades que inauguraron este gobierno —muy orondas y “solidarias” con los ciudadanos— suprimieron el apoyo a los centros de cuidado infantil y a las casas de protección para mujeres. Así, de un golpe rotundo. Pretendían ahorrar recursos, a tono con los proyectos de un gobierno austero. Luego se evaporaron los “guardaditos” que la nación tenía para resolver calamidades, y aún no se nos informa cuál fue el destino de ese patrimonio, que era de la nación, no de los funcionarios.
En la misma línea de ahorro y reconversión de programas a costa de quienes necesitan apoyos —niños y padres de familia—, se ha proclamado otro despojo. Se suprimen las escuelas de tiempo completo. Así se deja de proveer alimentos y custodia a millones de niños. Se impone a los padres, en plena crisis económica, erogaciones adicionales y gravosas tareas de cuidado. ¿No es esto robar a los ciudadanos expectativas legítimas, recursos para satisfacer necesidades primarias? ¿No es privarles de derechos adquiridos y condenarlos a padecer viejas carencias?
Hay que volver la mirada hacia este atropello y urgir a sus autores la devolución al pueblo de lo que se le está robando. Ojalá que esta exigencia se incorpore en los compromisos de los candidatos a gobernar estados que van a elecciones. Estos candidatos debieran denunciar la indebida cancelación de derechos y ofrecer la devolución al pueblo de los beneficios y las esperanzas que les arrebata el más reciente acuerdo de austeridad republicana. Se trataría de hacer justicia a quienes hoy padecen otro despojo.
