Amparados o desamparados por la teoría y la práctica de los derechos humanos, hemos iniciado una nueva etapa en la navegación por proclamarlas y sustentarlas. Con vigencia breve, de apenas doscientos años y algo más, los derechos humanos han servido a nuestra vida y a la calidad de la existencia.
Dicho en términos concisos, se trata de establecer las defensas necesarias de nuestros bienes más apreciados, siempre amenazados por el imperio caprichoso de tiranos o aprendices de tales.
Lejos de hallarse firmemente arraigados, los derechos humanos peligran dondequiera. Su pertinencia y su grandeza no han bastado para contener las corrientes autoritarias que militan contra ellos; sin embargo, la batalla se sostiene contra viento y marea.
Recientemente, la Universidad Sapienza de Roma patrocinó un nuevo estudio sobre la vigencia real de los derechos humanos. De este estudio derivó un documento valioso denominado Declaración de Roma “Paz y Derechos Humanos”.
En la elaboración del documento participaron representantes de los tres grandes tribunales en esta materia que actúan en América, África y Europa. Se subrayó la necesidad de reconocer, respetar y garantizar los derechos y libertades del ser humano, como pretenden esos tribunales y muchos otros organismos de nuestro siglo.
Sin embargo, la propia declaración reconoce los ingentes problemas, las claudicaciones y los retrocesos en este ámbito que ponen en riesgo las conquistas logradas en el curso de un siglo.
En la declaración, se deja constancia de la “alarma” sembrada por diversos y muy graves movimientos que afectan a fondo la aplicación de estos derechos. Es así como han operado, o lo están haciendo, diversos conflictos armados, violaciones graves de las normas fundamentales, emergencias humanitarias, intolerancia y un doble estándar que avanza a través de una crisis de humanidad denunciada por el secretario general de Naciones Unidas.
Al lado de estos hechos de extrema gravedad que ponen en duda las verdaderas convicciones de muchos países, han surgido otras regresiones y menoscabos que comienzan a prevalecer en el ámbito que nos interesa. De ahí que la Declaración de Roma convoque con urgencia a todos los Estados a revisar la situación mundial, regional y nacional de los derechos humanos. Por supuesto, México no es excepción en el espacio de estos problemas y de la necesidad apremiante de resolverlos.
En los últimos años, hemos observado la erosión de estos derechos a ciencia y paciencia de los sujetos obli gados a respetarlos y garantizarlos: las autoridades de todos los niveles que han dado muestras de indiferencia e incluso de complicidad. Son elocuentes las transgresiones en la aplicación de los derechos humanos que se reflejan en violencia y crimen generalizados, errores y atropellos en materia de migración o desatención flagrante del sistema de salud, por ejemplo.
Ante este panorama deteriorado que se agrava constantemente, es necesario que la sociedad en pleno eleve de nuevo la voz para que los gobernantes vuelvan la mirada hacia el verdadero cumplimiento de estos derechos humanos que, finalmente, constituye el más apremiante y elevado poder del poder público.
El año 2024 puede traer consigo una reconsideración a fondo de estos males y un esfuerzo serio y constante por remediarlos.
