So pretexto de mejorar el sistema de impartición de justicia, hace unos meses se inició una rampante persecución contra el Poder Judicial Federal por parte del Poder Ejecutivo, respaldado por un Legislativo obediente y sumiso a las órdenes de aquél. Así, se consolidó un Frankenstein jurídico disfrazado de reforma judicial.
Y es que en realidad las premisas fueron siempre falsas. Se habló de supuesta corrupción en la mayoría de los integrantes de esa institución, sin prueba alguna, y se aprovechó la acumulación de asuntos por resolver, sin distinguir que no era rezago sino saturación derivada de la falta de eficiencia de todas las demás autoridades tanto administrativas como jurisdiccionales del fuero local y, por supuesto las fiscalías, donde ciertamente la corrupción ya es un hecho notorio. Sin embargo, se enarbolaban como bandera con la única justificación de que lo pidió el pueblo.
Así las cosas, con unos diálogos simulados donde se pretendió hacer creer que los jurisconsultos serían escuchados, haciendo oídos sordos de las voces de todos los grupos, empresarios, intelectuales, académicos, abogados postulantes y hasta población en general, o sea, del propio pueblo en que tanto se escudan, fue aprobada en ambas cámaras legislativas, una reforma siniestra que no fue integral, completa, reflexiva ni mucho menos estructurada acorde a las verdaderas necesidades de impartición de justicia; pero que de igual forma, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación precisamente el quince de septiembre como si se tratara de una burla más a la independencia de los mexicanos.
Ahora, con el Frankenstein ya enfrente la pregunta obligada es ¿será posible detenerlo, antes de que acabe con todo resquicio del estado de Derecho en nuestro país? pues la respuesta es sí. Me explico.
En primer lugar tenemos las controversias constitucionales que tengan lugar por los municipios en contra de la apresurada aprobación de la reforma por las legislaturas locales, como en el caso de Oaxaca que fue aproximadamente en ocho minutos; las acciones de inconstitucionalidad que en la línea electoral dan cabida a los partidos políticos de oposición, que por cierto tienen un verdadero festín de violaciones procesales en la emisión del documento que van desde la vulneración de la garantía de audiencia de los togados, el cambio de sede en las cámaras para su discusión, la falta de análisis, las contradicciones internas y la falta de congruencia interna y externa de la reforma en sí misma y con la Constitución Federal (vamos no tiene “ni pies ni cabeza”); aunado a ello, es de destacarse que se emitió en franca contradicción a un cúmulos de suspensiones legalmente concedidas; que pueden dar lugar a un incidente de inejecución cuyo resultado puede ser la destitución de los rebeldes. Todo esto plasmado con detalle en la Constitución y Ley de Amparo en favor de los actores públicos de la reforma.
Pero no termina aquí el armamento letal contra el zombi recién creado. También los ciudadanos, legítimos propietarios del derecho a una tutela judicial efectiva, y tribunales independientes reconocidos en la Constitución Federal y en los principales Tratados de Derechos Humanos signados por México, como la Convención Americana y el Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales; de tal suerte que, cualquier ciudadano común puede acudir al juicio de amparo solicitando la protección de la Justicia de la Unión por tan flagrantes afectaciones.
Ello, desde luego, sin considerar los múltiples mecanismos de defensa que los juristas del Poder Judicial Federal y sus trabajadores pueden hacer valer, al ser privados sin motivo alguno de sus legítimos derechos laborales y personales.
¿Será que este monstruo dantesco podrá resistir tantas balas tan certeras y nutridas de razón?
Querido lector, mantente atento. La batalla apenas comienza.
Magistrada
