La semana pasada llegó a mí, una historia que me parece desgarradora, una historia de violencia sexual y abuso de poder en toda la extensión de la palabra. En donde el victimario es un “profesional de la salud” quién detrás de una bata y una cédula profesional, inyectaba a sus pacientes con un narcótico desconocido para adormecerlas y después abusar de ellas.
El caso comenzó a cobrar relevancia gracias a Marilú, Jacqueline, Mariana, Laura, Claudia y Lourdes, un grupo de mujeres sobrevivientes, quienes decidieron alzar la voz y poner alto al abuso recurrente que el ortopedista ejercía en sus pacientes.
Esta historia nos demuestra que los consultorios médicos tampoco son un espacio seguro para las mujeres. Existen —que sepamos— 35 mujeres que fueron víctimas del ortopedista Luis Antonio Hernández Robledo, quien espera una sentencia por haber drogado y abusado de sus pacientes mujeres por años.
El modus operandi consistía en inyectarles sustancias previamente preparadas sin revelar su contenido y/o posibles efectos, para hacerles perder cierto grado de consciencia y así, abusar de ellas.
Los abusos que se denuncian sucedieron entre 2011 y 2016 en el consultorio del Doctor, tanto en el Hospital Ángeles de Interlomas, como en el del Pedregal. Aunque ya no atiende en estos hospitales, sigue ejerciendo en consulta privada con cédula vigente.
¿Cómo puede ser posible que las mujeres estemos tan desamparadas ante las múltiples denuncias? ¿Cómo es posible que un profesional de la salud se atreva a romper todo juramento que alguna vez hizo en pro del bienestar y cuidado de sus pacientes? ¿A qué grado se sigue replicando la violencia de género en los diferentes espacios sociales? No me imagino el estado de vulnerabilidad al que cada una de estas mujeres se tuvo que enfrentar, mientras ponían su confianza en un “médico” por un problema de salud y éste las drogaba para hacer con ellas lo que quisiera.
A la fecha, las víctimas continúan viviendo las consecuencias del abuso al que fueron sometidas, generándoles una carga mental y emocional.
Estas mujeres llevan armando procesos legales de hace más de 6 años, y aunque por el tiempo, algunos de los delitos ya prescribieron ante la ley, sus objetivos no son obtener una compensación económica, sino visibilizar y llevar a la justicia a este individuo por haber violentado mujeres y, además, que se suspenda su posibilidad de desarrollarse profesionalmente y seguir ejerciendo estos actos de violencia contra más personas.
Marilú, Jacqueline, Mariana, Laura, Claudia y Lourdes, gracias por ser la voz de cientos de mujeres. Ya basta, ni una más.
