El linchamiento social en México está representado en muchas modalidades. Los actos de venganza, cada día más cotidianos en nuestro país, son la consecuencia de una sociedad donde las víctimas lejos de encontrar justicia son revictimizadas.
Los linchamientos no solamente son actos violentos como el que vimos viralizado hace unos días de la golpiza en la combi, sino los que ejercen también las autoridades desde el poder: legisladores que aumentan penas o determinan más delitos que ameritan pena preventiva, y criminalizan la pobreza, aun frente a la existencia de datos que demuestran que estos actos nos alejan de alcanzar un país más seguro; autoridades que desde el sistema de justicia penal, han creado un entramado institucional donde predomina la corrupción e impunidad. Políticos cuyos discursos para ganar las candidaturas, se vuelven obsoletos entre el deber ser y lo que la ciudadanía quiere escuchar.
Hace unos meses, al investigador y doctor en neurología forense Erick López le tocó atender un caso donde una mujer estaba a punto de ser linchada por, supuestamente, robarse un niño de un kínder. Por suerte, las autoridades rescataron a la mujer y al momento de evaluarla en el Ministerio Publico, López y su equipo se dieron cuenta que la mujer sufría de alzhéimer y en su delirio estaba recogiendo a su hijo de la escuela. La importancia de confiar en autoridades que puedan determinar la culpabilidad o inocencia en los casos también implica salvar vidas de personas inocentes.
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El uso de la tortura en procesos judiciales es una inaceptable consecuencia de trabajar sin herramientas de capacitación profesional y presupuesto, donde la ola de violencia rebasa cualquier esfuerzo que se pueda hacer.
“El médico legista no me quería certificar de lo mal que me vio. Yo estaba vendado, pero me acuerdo escuchar a los policías discutir con él y cómo él les contestaba que así no podía certificarme porque se iba a meter en problemas. Me acuerdo escuchar que les decía que ahora sí se les había pasado la mano”, me contó un hombre privado de la libertad por el delito de secuestro.
“Estuvieron como tres días tratando de bajarme con tinas de hielo la golpiza que me habían metido. Ahorita estoy a punto de salir libre por error de ellos”, termina.
El linchamiento es la consecuencia del hartazgo social que, sin darnos cuenta, se ha vuelto nuestra herramienta más inútil para el fin al cual queremos llegar. ¿Quién salió ganando en la golpiza al hombre de la combi o al secuestrador en la cárcel? ¿Dónde están los actos de justicia que nos lleven a un México donde realmente exista un Estado de Derecho? ¿En qué momento nos cansamos de exigir justicia y celebramos la venganza individual?
No creo, bajo ninguna circunstancia, en la justicia por propia mano. No es justicia. Si lo que alimenta esos actos es el hartazgo por la ausencia del Estado de Derecho, la solución está, entonces, en el fortalecimiento de nuestras instituciones y no en festejar que la venganza es una acción que nos conviene como sociedad.
¿Cómo podemos juzgar penalmente un delito cometiendo el mismo acto nosotros? La venganza en propia mano, lejos de acercarnos a un México justo, nos aleja de él.
