La Ley de Amnistía que se aprobó esta semana en la Cámara de diputados es un primer paso, no solo para la reconstrucción del tejido social, sino para comenzar a solucionar problemas que han carcomido al sistema penitenciario y de impartición de justicia en México, y que lo tienen podrido.
Entre 2000 y 2017, alrededor de 3 mil 900 mujeres han sido criminalizadas por abortar. En el 2016, el 41 por ciento de las personas privadas de la libertad en prisiones federales por delitos de drogas fue detenido con sustancias ilícitas que tienen un valor inferior a los 500 pesos. En el 2016, 8 de cada 10 mujeres detenidas y enviadas a penales federales lo fueron por delitos vinculados a las drogas. El 99 por ciento de estas mujeres eran primodelincuentes y cuando se trata de mujeres indígenas, el 43 por ciento transportaron drogas por necesidad económica o violencia. Para 2018, 53 por ciento de las condenas en el país fue por delitos no graves, lo que equivale a 65 mil personas con sentencias de tres años o menos.
La Ley de Amnistía es un primer paso, pero aún hay mucho por hacer.
Para poder solucionar los muchos problemas del sistema penitenciario y de justicia penal que como país arrastramos, tenemos que primero entenderlos. La corrupción e impunidad ha tomado control de las cárceles debido a la negligencia y olvido de tantos años.
Historias de terror hay por montones, también de sobrevivientes que no encuentran justicia y cuyas pesadillas no solo no terminan cuando son víctimas de la delincuencia si no que se agravan cuando se enfrentan al sistema de justicia penal: expedientes llenos de declaraciones falsas y pruebas sembradas que no representan la realidad de los hechos, delitos inventados o mal categorizados por falta de capacidad y herramientas de investigación por parte de las autoridades, debidos procesos violentados de forma sistemática porque “es la única forma de imputar un delito”…
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Se llama Esperanza, está en el Reclusorio de Santiaguito en el Estado de México y tiene una sentencia de 12 años porque su hijo de 4 años fue brutalmente asesinado por su esposo mientras ella trabajaba. El juez, al momento de sentenciarla, le dijo que, aunque todas las pruebas decían lo contrario, le daba esa sentencia ya que era su obligación cuidar de su hogar. “Tú pudiste haber prevenido esto”, le espetó. Su expediente dice “homicidio parentesco”; no aplica para la ley de amnistía. Se quedará en prisión.
Su nombre es Pedro, tiene 14 años, está en la Comunidad de Tratamiento de Tamaulipas por no denunciar a sus hermanos, que mataron a su violador. Ante la ineficiencia de la Policía Municipal en Ciudad Victoria, tomaron la “justicia” en sus manos. Hoy está tras las rejas, un niño de 14 años acusado de complicidad en homicidio cuando no es más que un sobreviviente de múltiples violaciones. Su caso tampoco aplica para una amnistía.
Su nombre es Alejandra y está recluida en el penal Femenil de Santa Martha Acatitla. Con las pruebas en mano de todas las veces que metió una denuncia por violencia intrafamiliar, me cuenta, tiene una sentencia de más de 40 años por asesinar a su esposo. “Cuando iba a golpear otra vez a mi hija no aguanté y lo maté”, me dijo. Esta misma declaración la dio al recibir su sentencia. El juzgador no las consideró. Las pruebas para determinar defensa propia no fueron suficientes. Hoy está lejos de poder aplicar a un proceso de amnistía.
Las historias son infinitas. Este espacio no alcanzaría para platicarlas todas. La Ley es un gran avance, pero la problemática es mucho mayor. Si pretendemos reconstruir el tejido social con políticas públicas y leyes humanitarias vamos a tener que encontrar las formas de meternos en las entrañas de las historias que se cuentan detrás de las rejas del país. Vamos a tener que atrevernos a escuchar el dolor de las víctimas. Para poder reparar tenemos que atrevernos a reconocer que estamos lejos de que una Ley como ésta sea lo mínimamente suficiente para arreglar nuestro sistema de justicia.
Presidenta de Reinserta
