El autogobierno y hacinamiento dentro del sistema penitenciario, que tantos años ha estado en el olvido, hoy en tiempos de pandemia, cobra facturas.
Hablo con las autoridades de las distintas entidades del país. Están preocupadas, el panorama pinta mal. Según el sapo es la pedrada. Hoy, los centros de reclusión que fungen como cajas chicas de los gobiernos y son operados —en buena medida— por los mismos grupos delictivos, se las ven negras para tomar medidas de manera responsable y a tiempo para enfrentar la propagación del Covid-19.
¿Por qué no se delimitaron los accesos desde el día uno para prevenir el ingreso del virus? ¿Por qué siguen trasladando a las mujeres privadas de la libertad con sus hijos a los reclusorios de hombres para la visita conyugal? El virus viaja con ellas. ¿Por qué no se han creado espacios para que el personal penitenciario no se exponga y/o exponga a las personas privadas de la libertad? ¿Por qué no cancelaron o redujeron drásticamente el ingreso a las visitas el día que el gobierno implementó el Quédate en casa?
El sistema ha sido olvidado por años y eso ha generado problemas que, estoy convencida, los mexicanos no siempre dimensionamos. Sabemos que las condiciones de ingobernabilidad en los penales traen más violencia a la calle por medio de homicidios, secuestros y extorsiones, pero por una extraña razón nos da igual. Hoy, en plena pandemia, las autoridades están teniendo que tomar medidas sanitarias urgentes en penales en los cuales no tienen autoridad alguna.
No es que sigan permitiendo las visitas a las cárceles por un tema de derechos humanos, sino porque saben que de no hacerlo corren el riesgo de que se les amotinen los internos. Ser autoridad y tomar control implicaría, también, impedir “trabajar” a un número significativo de custodios penitenciarios que, en realidad, viven de las cuotas generadas por las redes sistematizadas de corrupción, que justifican el mínimo sueldo digno para que sigan cuidando de los centros.
El presupuesto es tan limitado y, muchas veces, mal utilizado que, si las familias no visitan a su interno, y le llevan comida, muy probablemente las personas privadas de la libertad se quedarían sin alimento.
Las mujeres privadas de la libertad aún tienen su visita conyugal en los centros varoniles porque cancelarla sin que ellas así lo decidieran, sería razón suficiente para generar un apocalipsis en prisión.
Las autoridades están contra las cuerdas, y el escenario no pinta nada bien. Están haciendo lo que pueden con lo poco que tienen, sabiendo que la última prioridad de un sistema de salud rebasado será atender a las personas en prisión.
La situación es tal, que en el último mes algunas autoridades penitenciarias han ido a negociar con las “madrotas” de las celdas y cabecillas de las cárceles algunas medidas para implementar áreas “segregadas” para atender casos de Covid-19. Han debido pactar con personal penitenciario lo que antes tenían resuelto, ya que menos ingresos representa menos flujo de efectivo. Y han tenido que apalabrarse con los jueces para que trabajen a la distancia revisando expedientes que cumplan con las características estipuladas en la ley para las preliberaciones (humanitarias y no).
Con poco presupuesto y años de olvido, el sistema penitenciario tendrá que replantearse por completo. No estaba ni de cerca preparado para una situación como esta. No tanto por cómo está diseñado el sistema, sino por cómo ha reinado la impunidad y sistematizado la corrupción.
Presidenta y cofundadora de Reinserta AC.
