Nunca, en la historia de México hemos visto una detención menos violenta y más orquestada que la de Murillo Karam. Tan civilizada que los policías de investigación hasta nerviosos estaban.
Una detención llevada a cabo por los policías de la Fiscalía General de la República, cuyo trabajo es la ejecución (la detención) de las órdenes de aprensión que gira la propia institución. No obstante, ni los derechos básicos le saben leer y el propio exprocurador, pareciera, se los tiene que decir para que se respete el debido proceso, los fiscales se muestran completamente incompetentes ante el caso y la prisión oficiosa se le dicta porque el exprocurador de la República tiene demasiado dinero y este puede ser usado para huir.
¿Cómo puede ser posible que policías de investigación, que detienen a personas a diario no se sepan esta leyenda y el proceso de memoria? ¿Por qué en uno de los juicios más importantes y mediáticos la fiscalía no estaba preparada?
Si esto pasa en uno de los casos más políticos, ¿qué se puede esperar de los cientos de miles de personas que están privadas de la libertad?
He caminado decenas de cárceles y escuchado cientos de historias de personas privadas de la libertad. Historias que dejan a nuestro sistema de justicia penal con mucho que desear. Historias de personas que no tenían la menor idea que tenían derecho a un abogado o que tenían derecho a hablarle a un familiar porque nadie les dijo. Personas que fueron torturadas y que no sabían que esto era ilegal. Nuestro sistema de justicia penal, que brilla por su corrupción e impunidad, que se ha dedicado a encarcelar a los más vulnerables, estos que no han tenido el acceso a conocer siquiera sus derechos humanos elementales. Personas que, muchas veces, ni audiencia tuvieron y así fueron sentenciadas. Personas que literalmente, no entienden siquiera por qué están en la cárcel porque jamás han visto un abogado que les explique su sentencia determinada por un secretario de acuerdos sin su conocimiento.
La inocencia o culpabilidad de Murillo Karam no la voy a juzgar aquí. Lo que sucedió ese 26 de septiembre de 2014 es una tragedia en toda la extensión de la palabra, y no nada más por la desaparición de los 43 normalistas y el ataque a menores futbolistas, sino por el nivel de corrupción y ausencia de preparación en quienes estuvieron a cargo de la primera respuesta y la investigación del caso.
El caso de Ayotzinapa exhibe y refleja la incompetencia que hasta la fecha tienen nuestras autoridades responsables de nuestro sistema de justicia penal.
No se cómo vayan a vincular a Murillo Karam a proceso en un juicio donde los policías de investigación no saben ni leer los derechos básicos. Lo que me queda claro es que, una vez más, estamos ante un caso donde la seguridad en nuestro país se demuestra politizada y donde los cambios profundos que le urgen al sistema, son inexistentes. Un caso que lleva a juicio a la cara visible y polémica de una tragedia sin duda, pero un juicio que no garantiza a los y las mexicanas que, de ser el caso, donde seamos detenidos, no nos afrontemos a un sistema de justicia penal carente de conocimiento de un debido proceso que respete nuestros derechos elementales.
Irónico que el exprocurador esté siendo acusado de un delito tan usado por las autoridades para vincular a proceso a las miles de personas que hoy se encuentran privadas de la libertad.
En México cada vez nos acercamos más al nulo Estado de derecho y no veo a alguien que proponga una política pública que ataque el problema de corrupción e impunidad que tiene el sistema de justicia penal. Seguimos orquestando casos relevantes mediáticamente y apostando por una seguridad reactiva que no protege ni a quien la ejerce.
