El fin de semana estuvo circulando un video en redes sociales en donde un grupo de estudiantes de la Preparatoria del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (Cetmar) de Guaymas, Sonora, simularon una ejecución de un compañero vestidos de sicarios; así como lo leen, nuestras infancias reflejando y manifestando la máxima expresión de la normalización de la violencia y la exaltación de la narcocultura en nuestro país.
Hoy más que nunca las escuelas juegan un rol importante para la prevención y una vida alejada del crimen y la violencia. La mayoría de los niños, niñas y adolescentes renuncian a sus estudios antes de ingresar a la delincuencia organizada. La raíz del problema tiene que ver con circunstancias de educación, pobreza y necesidades a las que la mayoría de la población no tiene acceso. Es aquí donde los niños se vuelven vulnerables ante el reclutamiento de los grupos delictivos.
Las escuelas, los maestros y maestras se vuelven espacios y personas clave en la contención y el cuidado de aquellos quienes viven en condiciones de marginación.
Sonora se ha vuelto un estado con una clara deuda pendiente en la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. Es el segundo estado de la República con el mayor número de adolescentes en conflicto con la ley, el tercer estado con más denuncias de violencia familiar a nivel nacional, el quinto estado con más homicidios a nivel nacional. (Datos analizados por Reinserta 2022 recuperados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2021). Tan solo en 2022, más de 30 mil delitos fueron cometidos por personas de 25 años o menos. (Datos analizados por Reinserta 2022 recuperados del Inegi 2021)
La falta de políticas públicas para combatir el reclutamiento provoca que la práctica se lleve a cabo de manera sistemática y sin consecuencias reales para los grupos delictivos, lo que deja a niñas, niños y adolescentes sufriendo las secuelas, que van desde la privación de la libertad hasta la muerte.
No podemos seguir siendo un país que pone a los niños, niñas y a la educación en un segundo plano cuando todos los días nos enfrentamos con infancias expuestas a la violencia desde sus hogares y entornos más cercanos. Me parece prioritario instar a las autoridades a que los antepongan tomando en cuenta su formación y desarrollo como un tema a la par de los derechos humanos en la educación de nuestro país y la prevención del delito.
Protejamos a la infancia de nuestro país buscando que nuestros niñas y niños crezcan en espacios seguros y rodeados de amor donde puedan formarse para ser mejores seres humanos, tolerantes ante las diferencias y sobre todo empáticos y solidarios con los cambios que tanto necesita nuestro México para las próximas generaciones.
En el 2022 la organización Reinserta se comprometió con autoridades de Sonora en hacer un estudio de “Niñas, niños y adolescentes reclutados por la delincuencia organizada” para poder crear programas de prevención en esta índole. Señor gobernador, Alfonso Durazo, sería importante darle seguimiento a este proyecto.