José, Claudino y Aku; son de las tribus Shipibo-Conibo, Murui Huitoto, y Takutina, respectivamente. Por su lado, Gabriela y María, ciudadanas mexicanas.
Hace unos meses viajaban desde la región amazónica a México con medicinas ancestrales, que son un componente indispensable para el ejercicio de sus cosmovisiones y derechos culturales. Llegando al aeropuerto fueron detenidos y acusados por viajar a nuestro país con estas medicinas. Injustamente se les dio el auto de vinculación a proceso con prisión preventiva oficiosa ya que se les acusó del delito de introducción de estupefacientes al país, cuando ni siquiera se trata de sustancias fiscalizadas en los Tratados Internacionales sobre control de drogas y tampoco figuran en las listas contemplada en la Ley General de Salud.
El pasado 20 de junio en la conferencia mañanera, el Almirante Secretario de la Marina presumía, a un costado del Presidente, la confiscación de medicinas tradicionales equiparándolas con anfetaminas y cocaína. Contrario a esto, en la mañanera del día 5 de julio el presidente López Obrador afirmaba que las medicinas tradicionales y tratamientos ancestrales han de ser preservados en tanto que responden a sistemas de salud indígena. Pocos minutos después, el secretario de Salud reconocía la importancia que tiene la medicina tradicional en nuestro país.
Natalia Rebollo, abogada defensora de Derechos Humanos y especialista en la materia menciona: “el endurecimiento de la guerra fallida contra las drogas ha llegado a tal punto ya, que se acusa a médicos tradicionales que utilizan plantas ancestrales, de narcotraficantes. El uso de estas plantas es de uso milenario y prohibirlas reprime los sistemas autóctonos de salud y resulta violatorio de los derechos de los pueblos indígenas”
El uso milenario de estas plantas no genera un daño a la salud pública, por el contrario. Son investigadas en las instituciones internacionales más competentes para atender la salud mental. Además, han sido preservadas por pueblos indígenas pese y a pesar de la colonización. Por lo que lejos de criminalizarlas, han de ser honradas. En otros países, las medicinas ancestrales han sido, incluso, declaradas como Patrimonio Cultural de la Nación. Mientras, en México, el discurso sobre el control de drogas no está basado en la evidencia científica disponible y su prohibición no está cimentada en los Derechos Humanos.
En su Plan Nacional de Desarrollo, el presidente López Obrador proponía que “en materia de estupefacientes, la estrategia prohibicionista es ya insostenible”.
Hemos visto el compromiso que tiene ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar con los pueblos indígenas y con las políticas sensatas de drogas. El secretario, Omar García Harfuch, y la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, tienen un compromiso con la población vulnerable privada de su libertad; lo han demostrado. Por esta razón, les hacemos un llamado y los invitamos en calidad de urgencia a mirar estos casos, y darles visibilidad a las personas que, con la mano en la cintura hemos criminalizado. Hablemos sobre los temas que consideramos “tabúes” y atrevámonos a ver hacia adelante para construir una nación donde predomine la justicia transicional y los derechos humanos.