Esta frase parece ilustrar perfectamente la situación actual de los penales en Aguascalientes y la postura de su Secretario General, Florentino Reyes. En una reciente entrevista con Ciro Gómez Leyva, Florentino aseguró que en el estado existe un firme compromiso con la seguridad y la reintegración de las personas privadas de la libertad (PPLS). Sin embargo, estas declaraciones contrastan drásticamente con los datos del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2023, que sitúa a Aguascalientes en el lugar 27 de 32 entidades federativas, con una calificación alarmantemente baja de 5.52 sobre 10. Aspectos clave como la gobernabilidad y las condiciones de estancia se encuentran en semáforo rojo, lo que evidencia el deterioro sistemático del sistema penitenciario y el autogobierno.
Es indignante que el Secretario minimice el impacto de seis suicidios oficiales en tan solo dos meses y que no aclare las demás muertes en lo que va del año. ¿Por qué únicamente se habla de estas seis muertes y no de todas las que han acontecido anteriormente? Me preocupan las declaraciones oficiales, donde pareciera que lo único que buscan es querer pasar la página sin atender la realidad real. ¿Será que los penales de Aguascalientes están entregados a la delincuencia organizada?
¿Cómo pueden decir que las cosas están bien? Cuando no hace menos de un año, nos enteramos del caso de Samanta y Victoria. Samanta, una mujer de 26 años que se embarazó estando privada de su libertad y quien sufrió tortura, negligencia médica y violencia obstétrica, culminando en la desaparición de su hija nacida en el Ce.Re.So femenil a consecuencia de la discriminación de las autoridades penitenciarias. Esta discriminación y negligencia, la llevó a tener un nacimiento dentro del penal en donde la bebé Victoria nació viva con ayuda de las otras ppls, “supuestamente falleció en el traslado” y digo supuestamente, ya que hoy no sabemos dónde está porque el sistema penitenciario y la fiscalía no ha podido explicar qué ha pasado con Victoria y su cuerpo, a la familia se le entregó el cuerpo de un bebé barón. Un caso que ilustra la ingobernabilidad, la falta de transparencia y el desinterés por los derechos humanos dentro de los penales.
La narrativa oficial de Aguascalientes parece diseñada para distraer y desinformar. Más allá de las vagas referencias del secretario Florentino Reyes sobre protocolos y capacitaciones, los hechos exponen un escenario de abandono e impunidad. ¿Cómo justificar seis suicidios en tan solo dos meses en un contexto que, según las autoridades, cuenta con "capacitación y protocolos eficientes"? El sistema penitenciario no solo carece de condiciones dignas para la reintegración, sino que perpetúa dinámicas de violencia estructural, negligencia y abuso de poder, como lo demuestra la tragedia de Samanta y su bebé Victoria.
Los centros penitenciarios no son espacios fuera del alcance del estado de derecho; al contrario, deberían ser un reflejo de su eficacia y humanidad. Sin embargo, Aguascalientes parece optar por la opacidad y la simulación. La ausencia de datos confiables, el ocultamiento de muertes sospechosas y la negación de problemas tan graves como el autogobierno y la explotación son un escándalo que debería movilizar a la sociedad y las autoridades nacionales. No se puede tolerar que la justicia sea reemplazada por discursos vacíos. Es hora de exigir claridad, justicia y una reforma integral que devuelva la dignidad y los derechos humanos a quienes han sido olvidados tras los muros de los penales.
Presidenta de Reinserta
