“Normalmente hablaba los viernes y los martes, pero desde la semana del 28 de junio al 4 de julio no se comunicó. La siguiente semana, que fue del 5 al 11 de julio, tampoco lo hizo. Estábamos angustiadas porque no sabíamos nada de él…”, me comenta Stephanie, quien con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta vivió desesperación por días al no saber nada de su tío, quien se encuentra privado de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 14 de Gómez Palacio, Durango.
En los últimos días, he recibido mensajes de muchas personas que buscan desesperadamente ayuda, pues temen por la vida, la seguridad y la integridad de sus familiares que se encuentran privados de la libertad.
Así fue como Stephanie me contactó. Ella comenta que, en el Cefereso de Durango, las autoridades y personas de aquel centro golpearon brutalmente a las personas privadas de la libertad, los dejaron sin alimentos, sin ropa, sin pertenencias, sin agua potable, cortaron la comunicación con sus familiares quienes no sabían qué estaba pasando al interior del centro.
Estas prácticas deleznables, hoy son usadas inútilmente como una “estrategia” para “recuperar el control y la gobernabilidad al interior de los centros”. Sin embargo, el objetivo está lejos de cumplirse. Por el contrario, tan sólo el Cefereso de Gómez Palacio acumula más de 90 denuncias por tratos inhumanos y degradantes a las personas privadas de la libertad a grado tal de acabar con la vida de una de ellas por el nivel de brutalidad y violencia que se ejerció.
Los familiares, como decenas más, han solicitado una respuesta del titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, José Ángel Ávila Pérez, quien no los ha escuchado, mucho menos recibido. Los oídos sordos, la incapacidad y la impunidad han predominado.
Durango no es el único caso. Los motines son cada vez más frecuentes. Recientemente en el Cefereso 15 de Chiapas, las personas privadas de la libertad hicieron una huelga pacífica en el patio central para exigir lo básico: alimentación y agua.
Preocupa ver la realidad de nuestras cárceles federales, pero preocupa más atestiguar la ausencia de autoridades penitenciarias que han sido incapaces de garantizar el respeto a los derechos humanos y el acceso a necesidades básicas de su población.
Sobre todo porque el presidente López Obrador ha puesto énfasis en mirar lo que sucede en las cárceles y ha mostrado sensibilidad por lo que pasa con las personas privadas de la libertad. Sin embargo, desde el Órgano encargado de los reclusorios federales, no estarían compartiendo su visión. Ávila Pérez no parece darle la prioridad que el presidente demanda.
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De nada sirve contar con centros penitenciarios de grandes dimensiones si en el día a día existen autoridades que violan sistemáticamente el derecho a la integridad. Estamos atravesando una crisis aguda en materia de seguridad y los centros penitenciarios juegan un rol clave para crear condiciones de paz para todas y todos, sin embargo, hay autoridades que no comprenden su función y en lugar de garantizar el derecho a la reinserción, implementan “estrategias” que lo único que logran es vulnerar y poner en riesgo a la población.
La crisis al interior de los centros penitenciarios hace que la inseguridad sea una bomba de tiempo. Prácticas como el uso de celulares por parte de cabecillas de células delictivas en las cárceles son ejemplos de cómo la delincuencia opera desde la impunidad que permite que los mismos grupos delictivos logren coordinarse y operar desde el interior de los centros.
Si aspiramos a contar con un México sin corrupción y en paz necesitamos con urgencia que los encargados de delinear las políticas de seguridad y reinserción conozcan la realidad de las cárceles del país para incluirlas en la estrategia. Pero mientras quienes estén al frente desconozcan las dinámicas de los reclusorios, nos estacionaremos en un círculo vicioso. Se requieren perfiles que comprendan, sí, y que también crean, con humanismo, en la importancia del respeto al Estado de Derecho; servidores públicos que garanticen el respeto a los derechos humanos y el derecho a la reinserción.
Presidenta y cofundadora de Reinserta.
