Hace algunos años, en el festejo oficial por los 60 años del derecho de las mujeres al voto, el entonces presidente Peña Nieto dijo que había enviado una iniciativa al Congreso para que 50% de las candidaturas de los partidos para diputados y senadores fueran para las mujeres. En ese porcentaje, estaban incluídas las suplencias, pues había que impedir el “juanismo” que consiste en que el suplente de una candidata es hombre y una vez pasada la elección, la elegida renuncia dejándolo en su lugar.

Los aplausos fueron fuertes para el Mandatario y la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres dijo que “la participación femenina en la vida política califica la calidad de la democracia y es central para su desarrollo”. Unos años después, se hizo la ley que exige paridad de género para todos los niveles de gobierno.

Las cuotas se crearon como parte de las acciones afirmativas para nivelar la falta de oportunidades que históricamente han tenido las mujeres para participar en la vida pública. Según quienes están de acuerdo con ellas, sí han cumplido su objetivo y por eso hoy las mujeres están en instituciones, parlamentos y empresas. Pero según los opositores, han servido para que se cuelen oportunistas y personas mal preparadas en lugar de las más capaces.

Hoy, de cara a las elecciones del próximo año, el Instituto Nacional Electoral aprobó los criterios que obligan a los partidos políticos a postular a mujeres para las gubernaturas, presidencias municipales y diputaciones. Pero hay quien ha manifestado su rechazo a esa medida, como el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, quien ha amenazado diciendo que “va a acudir a una controversia" para frenarla, algo que ya hizo el presidente de la mesa directiva, impugnándola ante el Tribunal Electoral de la Federación.

Ignoro cuál sea su argumento para ello, quizá es porque consideran que no hay suficientes mujeres que serían buenas candidatas o porque quieren que queden sus amigos o porque temen que les disminuirían sus votos, algo de lo que se quejó en 2006 López Obrador, cuando culpó a una candidata mujer de arrebatarle sufragios.

Pero hasta donde puedo ver, su batalla está perdida porque hoy lo políticamente correcto es incluir a las mujeres, sin importar si, como está sucediendo en Sonora y en Michoacán, ninguna de las que quieren entrarle tienen arrastre. Pero es tal la seguridad, que una en Nuevo León que quiere ser gobernadora, ya desde ahora asegura que va a ganar y una en Chihuahua hasta le sugiere al candidato varón que renuncie.

Por eso quiero aprovechar para proponer mi candidatura a una diputación.

No quiero una gubernatura porque allí sí hay que trabajar, no quiero un municipio o alcaldía porque allí hay que enfrentarse al narco, controlar a la policía que es incontrolable y arriesgarse a que te asesinen. Pero una diputación es muy fácil: cosa de estar sentada en la curul chateando en el celular y votar por lo que mandan los jefes, todo a cambio de un excelente sueldo.

Así pues, exijo mi parte de la paridad y solo acepto cambiarla por alguna otra de las paridades todavía no cumplidas, como entrar al Colegio Nacional, ganar el Premio Nacional de Ciencias y Artes o el Mazatlán, o recibir un emeritazgo en la UNAM, pues en todos esos casos, los hombres son los que se han beneficiado.

Escritora e investigadora en la UNAM.
sarasef@prodigy.net.mx
www.sarasefchovich.com

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