Hace algunas semanas, escribí lo que hicieron los revolucionarios rusos con los ricos: despojarlos de sus bienes. Un lector me dijo que yo exageraba usando esa metáfora y que no era adecuada la comparación con México. Pero he aquí que en días pasados, las diputadas Martha Ávila y Valentina Batres, del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la CDMX, presentaron una “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del código civil para el Distrito Federal en materia de arrendamiento para garantizar el derecho a la vivienda frente a la pandemia”, cuyo objetivo es atender este tema por la emergencia.
Y aunque se tardaron demasiado, pues llevamos ya cinco meses en ésta situación, tienen razón: el problema de la vivienda debe atenderse. En lo que no la tienen es en el cómo. Y es que, según afirman dichas señoras, la vivienda es un derecho humano, pero, convenientemente olvidan que los derechos humanos fueron concebidos para ser promovidos, impulsados, cumplidos y respetados por el Estado, con el fin de, como explicó Norbert Lechner, “desarmar o amortiguar los efectos nocivos del proceso económico…nivelando las condiciones desiguales o al menos compensándolas”.
Y así se lo reconoce en los instrumentos jurídicos que nos gobiernan: “Es obligación de las autoridades de la Ciudad de México garantizar integralmente el derecho a la vivienda de todas las personas que aquí habitan”. Pero he aquí que el Estado mexicano no ha cumplido con esa obligación y ahora pretende traspasársela a los particulares y hacerlos pagar los costos de la tragedia, algo que no les corresponde. Porque lo que proponen es, en resumidas cuentas, que quienes no puedan pagar su renta no lo hagan y que aún así no se les pueda exigir la devolución del inmueble. La seguridad jurídica de la tenencia, algo que la ley contempla, deja de serlo para los propietarios y pasa a serlo para los inquilinos. Y si eso no les gusta, que acudan a instancias de mediación de conflictos que se van a crear con ese fin, algo que ya tuvimos —desde las Juntas de Conciliación y Arbitraje hasta la Procuraduría Social— y que nunca funcionó. ¿Es o no es despojo de bienes?
Y no es el único ejemplo. Hay otra propuesta, de la diputada Leticia Estrada, también de Morena, para impedir que se puedan rentar las propiedades a plazos cortos por plataformas como AirBnb. ¿No es claramente para como dice alguien, “acabar con todo lo que le genere algún dinero” a la gente?
La metáfora aquí es muy clara: se trata, como decían de los socialistas, de hacer la revolución con los bueyes de mi compadre. Y vaya que así es: un particular que acreditó ser propietario de 128 hectáreas donde se construirá la Franja de Seguridad de Amortiguamiento de Ruido del Aeropuerto Felipe Ángeles, no recibe su paga porque la Sedatu argumenta que dicha superficie fue declarada como terreno nacional e inmueble patrimonio de la Federación en abril de 2019. Se les olvida que la ley es clara en el sentido de que las expropiaciones deben indemnizarse. ¡Hasta Cárdenas lo hizo con las compañías petroleras extranjeras!
Las propuestas (que como diría Octavio Paz, no son otra cosa que ocurrencias), surgen, convenientemente también, cuando se tienen cerca las elecciones del próximo año. Imposible pretender que no tienen fines electoreros: su objetivo es complacer a los pobres para que voten por ellos, usando el mismo discurso presidencial según el cual, cualquier persona que posee un bien es un rico al que es justo y correcto despojar de sus bienes.
Y aunque por ahora no ha avanzado el proceso de dictaminación, ya una de sus proponentes nos amenazó con que “la iniciativa no se retira,” con lo cual nos está avisando que seguirán teniendo ocurrencias como estas.
Que me diga el lector que me acusó de exagerada con mi metafora, si realmente lo fui.
Escritora e investigadora en la UNAM.
sarasef@prodigy.net.mx
www.sarasefchovich.com
