El primer ministro de la India Narendra Modi, prometió que su gobierno lucharía contra la corrupción, algo que según el investigador francés Jean Luc Racine es el mal endémico de ese país y atraviesa a todas las clases sociales. Para lograrlo, Modi tomó varias medidas, entre ellas, atrapar a magnates y miembros de la oposición a quienes se les relaciona con la corrupción y el lavado de dinero.
Todo eso suena muy bien, solo que según la periodista Una Galani, “la purga pasa factura a la economía”, es decir, que si bien los beneficios políticos de estas acciones son claros, los económicos no lo son, y más bien al contrario, han hecho mella en el crecimiento del país.
Lo dicho resulta relevante para nosotros, porque también nuestro Presidente se ha puesto como objetivo prioritario combatir la corrupción, lo cual le ha dado beneficios políticos pero le ha pasado factura a la economía.
En efecto, el gobierno de López Obrador ha tomado medidas que han ido desde no hacer obra pública hasta detener compras de medicamentos, desde cerrar estancias infantiles hasta entregar directamente y sin intermediarios los apoyos, y por supuesto, perseguir a corruptos, aunque hasta hoy eso solo se ha dirigido a personajes de la oposición. Y sin embargo, eso no significa que se esté logrando acabar con el flagelo.
En palabras de la fiscal del Sistema Nacional Anticorrupción, absolutamente afín al Presidente: “Son escasos los avances para alcanzar el objetivo de combatir ese delito”. Pero en cambio, sí ha significado un problema serio en cuanto al crecimiento económico, pues estamos sin inversión interna ni externa, sin nueva infraestructura y en franca desaceleración según dicen los secretarios de Hacienda y Economía, también absolutamente afines al Presidente, y ha significado también un problema serio en cuanto a la vida de los ciudadanos pues estamos sin medicamentos ni guarderías ni comedores populares, objetivos que tampoco se deberían descuidar.
Lo que me parece importante destacar es lo siguiente: poner a la lucha contra la corrupción en un lugar central de un programa de gobierno es algo que todo mundo alaba y considera lo mejor. Pero, sucede que esa lucha puede rendir menos frutos de los que se espera y además, puede traer problemas tan serios que se reflejen en la inversión, en el desempleo, en la baja del consumo, en el desabasto y en la desconfianza, todo lo cual termina afectando tan gravemente, que aunque sea una paradoja, a veces hace más daño que la corrupción misma.
Pongo un ejemplo: el gobierno ha decidido que para evitar la corrupción, sean soldados quienes construyan las grandes obras de infraestructura. Hasta hoy se les han asignado el aeropuerto de Santa Lucía, el hospital general de Cuajimalpa y el hospital general de San Miguel Topilejo. ¿Qué significa eso? Que para el gobierno de la 4T es mejor dejar sin chamba a las empresas constructoras (que son los inversionistas que requiere el país y que pagan impuestos) y a los albañiles (que son los pobres a los que apoya) y en cambio, convertir a los soldados en albañiles y a los generales en empresarios, con lo cual, además del problema social y económico que eso representa, se están mal utilizando (y desperdiciando) las capacidades del Ejército que son tan caras de adquirir y tan necesarias en otros rubros, principalmente la seguridad.
Estamos entonces frente a un dilema: ¿Elegir entre combatir la corrupción aunque eso dañe al crecimiento del país y a la vida de los ciudadanos o dejarla ser aunque eso también dañe al crecimiento del país y a la vida de los ciudadanos? ¿Cuál de los males preferimos?
Lo más fácil sería dar una respuesta políticamente correcta y quitarse de encima el problema. Es lo que hace el gobierno. Pero así no resolvemos el hecho real de que tenemos que reconocer que no sabemos cuál es el mejor camino para hacerle el menor daño al país.
Escritora e investigadora en la UNAM.
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