En un artículo reciente, Bernardo Bátiz, quien fue Procurador de Justicia cuando AMLO era jefe de gobierno del DF, se lanza en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque declaró anticonstitucionales las reformas que se hicieron en la Constitución de la Ciudad de México respecto al Poder Judicial. Su argumento para defender dichos cambios y suponer que el tribunal supremo los debía aceptar, es que así “Quedaría liberado de las tentaciones que acumular mucho poder en una sola persona pueden significar”. ¡Eso sí que es Pinocho hablando de narices o el cinismo más increíble! ¿Alguien de la 4T considerando que acumular mucho poder en una sola persona o cargo es cosa mala cuando estamos frente a un presidente sin contrapesos y a los pocos que quedan los está atacando ferozmente?
Ya lo hemos visto precisamente contra la Suprema Corte, a la que acusa de “preferir la justicia que la moral” y a cuyos jueces no ha dudado en decir que están “maiceados”, contra el Instituto Nacional Electoral a cuyos consejeros trata de floreros, contra las Comisiones Reguladoras y Evaluadoras de esto y de aquello y contra otras instituciones. En especial, muy duro ha sido su ataque contra la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la que ignora y ofende reiteradamente.
Después de la Segunda Guerra Mundial se inició en el mundo occidental el esfuerzo por hacer efectivos los derechos humanos y se crearon instrumentos encargados de promover y vigilar su cumplimiento. En la década de los ochenta esto llegó a nuestro país, cuando surgieron organizaciones no gubernamentales dedicadas a ello y en varios estados de la República se crearon oficinas especializadas.
En junio de 1990 se creó por decreto presidencial la CNDH y dos años después adquirió carácter constitucional. Su mandato consiste en investigar las violaciones a los mismos cometidas por autoridades o servidores públicos (a excepción de los miembros del Poder Judicial de la Nación), emitir recomendaciones para que se castigue a los culpables y hacer propuestas para reformas legislativas. Ese fue un gran paso en la incipiente democracia mexicana, como parte de los esfuerzos que se hicieron en nuestro país en el último cuarto del siglo XX por obligar al gobierno a respetar los derechos humanos pero también a las elecciones limpias, la rendición de cuentas, el debido proceso y el cuidado del medio ambiente.
Y si bien es cierto que muy pronto la Comisión perdió credibilidad porque sus presidentes estaban demasiado cercanos al poder político o imponían su propia ideología, o porque los ciudadanos decían que defendía a los delincuentes, lo que le hizo más daño fue no contar con mecanismos para hacer cumplir sus recomendaciones, de modo que “una vez que las autoridades inculpadas se dieron cuenta que no pasaba nada, estas no pasaron de ser un intercambio de oficios entre dependencias oficiales”, como me dijo una activista. Aún así, nunca habíamos visto lo que estamos presenciando hoy: a un presidente de la República que maltrata y desprecia a esta institución. Pero tampoco habíamos visto a un Ombudsman que la defienda con tanto vigor y exija que se la respete.
Y me parece que tiene razón. Pues si bien en muchos momentos la Comisión ha sido cuestionada por su actuación o su omisión, no podemos olvidar que fue creada precisamente como resultado de que se adquirió conciencia de un grave problema que hay que atender, como sucedió con todas las instituciones que se crearon para que nuestra incipiente democracia funcionara mejor y de las que precisamente se benefició López Obrador para llegar al poder. Resulta paradójico que hoy la CNDH está funcionando como contrapeso al poder omnímodo del gobernante supremo, como dice el exprocurador Bátiz que debe ser. Ese poder que, por cierto, los demócratas en nuestro país se esforzaron tanto por reducir y que hoy ha vuelto como si tal cosa.
Escritora e investigadora en la UNAM.
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