Los diputados pretendían hacerle un cambio a la ley, para autorizar a los inspectores del SAT a tomar fotografías y videos de y en los domicilios de los contribuyentes a quienes, como dicen con eufemismo, “visitan”.
Los senadores echaron para atrás eso, pero no lo demás de la disposición, que es el artículo según el cual dichas personas pueden meterse a tu casa y esculcarla en busca de documentos y para ver si como vives corresponde a lo que declaras que ganas.
Esto último sin embargo, no queda claro cómo lo van a decidir.
Porque por ejemplo, alguien a quien le gustan los jarrones de barro podría parecer más pobre que alguien a quien le gusten las jarrones chinos, y no necesariamente es el caso.
Si a mí me visitaran, encontrarían una mesa con sus sillas que heredé de mi madre y a su vez ella heredó de mi abuela y que generación tras generación hemos cuidado con esmero. Pero seguro no me van a creer eso de la herencia, como sí le creyeron a una secretaria de Estado cuando aseguró que las muchas propiedades que posee las recibió de su familia o como sí le creyeron a otro secretario de Estado que aseguró que sus muchos bienes no son suyos sino de una mujer con la que cohabita desde hace un cuarto de siglo, y entonces caerá sobre mí la sospecha de cómo le hice con mi sueldo de académica para tener esas antigüedades.
Los inspectores también me reclamarán por qué no declaré ni pagué impuestos sobre la venta de un tapiz bordado por mí, que hace algunas semanas salió a subasta en la empresa López Morton.
Y cuando les diga que yo jamás he bordado nada, me mostrarán la fotografía del catálogo donde aparece dicho objeto con mi nombre.
“Debe ser un homónimo”, me dijo la persona que me respondió el teléfono cuando hablé para reclamar, lo cual es poco probable considerando que la autora de la obra resulta tener no solo mi mismo nombre y dos apellidos, sino también mi mismo curriculum académico, que se presenta en la ficha que acompaña la pieza.
Pero por más intentos que hice para resolver el enigma, nunca logré que me tomara la llamada ni el encargado de las subastas ni los dueños de la empresa.
¿Qué hace un ciudadano frente a este tipo de situaciones? ¿Cómo pensaron los legisladores que se resolverían problemas como los relatados?
No lo sé. En mi caso particular, solo se me ocurren dos formas de resolver el asunto: una, es decir que es cierto lo que inventa un lector de esta columna, según el cual recibo sueldo en varias universidades, dinero de varios fideicomisos y chayotes, para así justificar que poseo esos muebles, y aceptar pagar impuestos sobre un tapiz que supuestamente yo bordé, pues está visto que el gobierno, con tal de conseguir recursos, va a pasar por encima de cualquier cosa, incluida la verdad, y que la empresa López Morton no va a investigar de dónde vienen las piezas que les llevan a consignación y que personas como el lector que se firma con el nombre Federico Moscoso van a seguir inventando las mentiras que se les ocurran respecto a los ingresos de alguien a quien no conocen, pero que no les gusta lo que escribe, sin recibir por ello castigo alguno.
Y la otra es, para evitar problemas con el SAT, tirar a la basura los muebles que me heredó mi madre y ¡convertirme en bordadora!
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