El 21 de septiembre de 2021 nuestro país, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentó el primer litigio estratégico para la recuperación de activos en el extranjero, vinculados al lavado de dinero en que habría incurrido el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, con motivo de la corrupción política que desplegó durante su gestión como el encargado principal de la seguridad del país y en años posteriores. Hoy, como sabemos, sentenciado por narcotráfico y delincuencia organizada en Estados Unidos.
Como parte esencial contra el abatimiento a la impunidad y la corrupción en el país, el gobierno de México buscó hacer efectivo su derecho de recuperar los activos que fueron obtenidos de manera ilícita en territorio nacional y que se localizan en otras jurisdicciones, en este caso, en los Estados Unidos.
La demanda civil presentada contra el exsecretario federal y diversas personas vinculadas al caso, planteó un esquema de blanqueo de capitales productos de una red ilegal de contratación pública en el sector de la seguridad y la defensa nacional en nuestro país, que fueron llevados a Estados Unidos, específicamente a Miami, Florida, pero también a Tel Aviv, Curazao, Panamá, entre otros sitios. Por esa razón, la demanda fue presentada en las cortes estatales de esa entidad. La intención del Gobierno de México es recuperar la mayor cantidad posible de recursos, que oscilan en los 700 millones de dólares, lo cual en sí mismo es un hecho inédito.
La presentación de este primer litigio civil, abre la posibilidad de una cooperación futura entre ambos países para utilizar herramientas jurídicas más efectivas que las empleadas hasta el momento. La recuperación de activos vendría a cerrar el círculo de la estrategia para desarticular las estructuras económicas del crimen organizado o de corrupción política, así como generar medidas que las desincentiven.
En el litigio contra Genaro García Luna y otros, el gobierno de México es representado por la firma de abogados “Krupnick Campbell Malone”, una firma de abogados de Fort Lauderdale, Florida. Por su historial acreditado, ellos han representado a múltiples gobiernos extranjeros en casos relevantes y de naturaleza similar. Por ejemplo, lograron recuperar activos por la vía civil en el caso Ficrea, único caso de éxito relacionado con nuestro país.
En el curso de la investigación, se han identificado a más de 30 empresas, fideicomisos y múltiples propiedades que se alegaron fueron adquiridas y controladas por García Luna y sus socios, pero el proceso continúa y estas cifras no son definitivas, pero sin duda van en esa tendencia.
¿Cómo va el caso? En días recientes se logró una victoria sin igual, pues la Corte de Apelaciones de Miami, le dio la razón al gobierno de México para continuar con la demanda, a la que García Luna y sus abogados se habían opuesto, evidentemente, y estaba por determinarse si la misma procedía o no, lo cual ahora, no solo abre la posibilidad de avanzar en el caso, sino incluso de llegar a juicio.
Cabe hacer la anotación que, en México, para evitar se tuviera éxito con la demanda civil en Estados Unidos, el despacho que apoya a la firma “Snyder” que defiende a García Luna y sus socios en ese país, presentó una denuncia “anónima” en mi contra en la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República. El objetivo era obvio: si quien firmó el contrato para presentar la demanda no tenía la supuesta competencia para celebrar, entonces García Luna salvaría sus bienes, y nuestro país perdería las posibilidades de extinción de dominio. Hoy el tiempo nos da la razón.
En el caso del estado de Hidalgo, la estrategia del gobernador Julio Menchaca para combatir la corrupción es clara y contundente. Me ha instruido generar prácticas similares para recuperar activos productos de la “Estafa Siniestra” que se encuentran en otros estados, e incluso en otros países. Por ello, en el marco de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia propuesto por la Fiscalía General de la República, la entidad firmó un convenio de colaboración en materia de extinción de dominio que permitirá recuperar activos a nivel nacional. En el plano internacional, se está trabajando en un programa que persigue esta ruta.
Jefe del Despacho de la PGJ de Hidalgo
