Soy partidario de una reforma constitucional, no solo en el perfeccionamiento de un Tribunal de este carácter, separado de un órgano de mera legalidad propio de un modelo anterior, o del fortalecimiento del Consejo de la Judicatura Federal con mayoría de integrantes externos para evitar la endogamia judicial, así como en redefinir los controles de la Comisión de Administración hacia el Tribunal Electoral, dados los recientes acontecimientos en la Sala Superior.
Además, es necesario enfocar el interés en el mejoramiento de la justicia cívica a nivel municipal y destinar los recursos que se requerirían para que esas áreas funcionen, de modo que no se sobresature a las fiscalías y procuradurías de la República como ocurre actualmente. La justicia debe ser la más cercana, la más accesible, la más eficiente.
Y el mejoramiento del acceso a la justicia en nuestro país implica también la manera en cómo resuelven los jueces y las juezas del país los problemas de su tiempo. Por ejemplo, en el combate a la impunidad y el resarcimiento de las víctimas de fenómenos delictivos que prevalecen en determinadas zonas del país, como la extorsión acuciante del corredor de Gustavo a Madero a Tizayuca que abarca tres entidades federativas, o los 13,000 desaparecidos que dejó el gobierno de Cabeza de Vaca en Tamaulipas, el huachicol en Guanajuato, en Querétaro, en Puebla y en Hidalgo.
La extorsión en la zona se vincula con células e individuos que operan en contra de transportistas, llamado “Los Hijos del Diablo”, entre otros. Por ello, y en acato a las órdenes del gobernador Julio Menchaca para erradicar la extorsión en todas sus formas y otros delitos vinculados a estos grupos, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) tiene el objetivo de llevar el mayor número de casos a los tribunales y detener la impunidad con la que operan y su propagación.
De manera reciente, la PGJEH solicitó la conservación de datos de líneas telefónicas vinculados con presuntos extorsionadores a los Juzgados Especializados Federales, como marca el procedimiento. Sin embargo, la resolución de la Jueza de Control figuró en sentido negativo, arguyendo que se tratan de “hechos típicos como delincuencia organizada” y, por tanto, es competencia de la autoridad federal. De un plumazo, borró el delito de extorsión y la competencia del fuero común en la materia.
Resolución que, de entrada, reclasifica el delito sin atribuciones, pues la solicitud se sigue de una investigación por extorsión, y no por “delincuencia organizada” como pretende en su resolución. Segundo, se pronuncia sobre su competencia como Jueza de Control, de naturaleza federal, cuando ya había existido un juzgador local que había asumido la competencia en el caso, por ser extorsión. Tercero, en efecto, la extorsión es una problemática con presencia en diversos territorios del país, el Estado de México o la Ciudad de México tal cual relaciona en su resolución, pero lógicamente la competencia de la Procuraduría atiende a hechos que acontecen en la entidad, específicamente en Tizayuca, respecto a la extorsión que están padeciendo los transportistas por parte de estos grupos delictivos. La lógica de la juzgadora es: resulta preferible la impunidad a que la Procuraduría ejerza su atribución respecto a los casos de extorsión que estarían cometiéndose en distintos estados de la República.
Este tipo de resoluciones judiciales, no hacen más que obstaculizar el acceso a la justicia. Al respecto, se presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal a fin de continuar con las indagatorias del caso, y por el cual existen 21 órdenes de aprehensión contra probables extorsionadores hasta el momento.
Como bien observaba el Banco Interamericano de Desarrollo en un trabajo publicado en 2018 sobre la modernización del sistema criminal en México, la asignación de competencias prácticas y regulaciones normativas poco claras, así como la tendencia histórica de reparar los problemas de la justicia local (estatal) a través de la federalización de materias, es un claro desafío para proveer justicia asociada a la alta criminalidad, con altos costos sociales y económicos y que exige también de un grado alto de coordinación y profesionalismo entre las agencias de seguridad y justicia (incluidos, los impartidores de justicia) que colaboren en su persecución y erradicación. ¿Por qué reformar al Poder Judicial? Ya nos podemos dar una idea.
