La 12ª edición del Índice de blanqueo de capitales de Basilea 2023 presenta la medición de los riesgos globales de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. El informe no es optimista: el nivel de riesgo promedio mundial de dichos ilícitos aumentó de 5.25 en 2022 a 5.31 en 2023, donde 10 es el riesgo máximo.
¿Qué es el índice de Basilea? El Índice AML (por su siglas en inglés) es una clasificación independiente que evalúa los riesgos de LD/FT de los países y la capacidad de contrarrestarlos. Se basa en 18 indicadores en cinco dominios que miden diferentes factores que contribuyen a los altos riesgos de estos fenómenos. El Índice revela el incremento en 4 de los 5 dominios medidos: corrupción y soborno; transparencia y normas financieras; transparencia y rendición de cuentas públicas; y riesgos políticos/legales. Las puntuaciones sobre la calidad de los marcos contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CFT) se mantuvieron sin cambios.
Lo alarmante, apunta el índice, es una caída en la eficacia de estos sistemas, de acuerdo con datos del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Aun cuando los países tienen sistemas sólidos sobre el papel contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, no han sido suficientes para evitar el mal uso del sistema financiero mundial para canalizar el dinero producto de la corrupción, el crimen organizado y para financiar el terrorismo.
Para explorar en las consecuencias de implementar o no las normas AML/CFT, el Índice profundizó en tres temas principales: 1.- Nuevas tecnologías: ¿nos estamos perdiendo un truco?
a) Los países necesitan potenciar sus esfuerzos para contrarrestar el mal uso de las nuevas tecnologías como las criptomonedas. El cumplimiento de la norma en cuestión del GAFI se ha desplomado en un total de 20 puntos porcentuales en los últimos dos años.
b) Centrar la regulación, la supervisión y el combate en los riesgos identificados es la única manera de fomentar una próspera industria de FinTech al tiempo que protege la integridad financiera, los usuarios de criptomonedas y los inversores. Recordemos que, de acuerdo a la ENR 2020, 2 de las 3 las amenazas principales de lavado de dinero en nuestro país son la delincuencia organizada y la corrupción.
2.- Cortar fondos para terroristas, no para civiles.
a) Los países deben prevenir la financiación del terrorismo a través de falsas organizaciones sin fines de lucro. Esta área muestra los niveles más débiles de cumplimiento de la norma pertinente del GAFI, especialmente en las regiones que luchan contra los conflictos y el terrorismo. Si bien México no se ubica dentro de tal supuesto, la principal problemática que azota el país es la delincuencia organizada y el uso de armas ilegales provenientes de los Estados Unidos que la financian.
b) Es esencial adoptar un enfoque informado y basado en el riesgo y no cortar indiscriminadamente la financiación de clases enteras de organizaciones sin fines de lucro. Existe un peligro real de obstaculizar la asistencia humanitaria vital y violar los derechos humanos.
3.- Confiscar activos ilícitos: la clave que falta para prevenir la delincuencia
a) Confiscar activos delictivos podría movilizar recursos muy necesarios para el desarrollo sostenible, así como enviar un mensaje claro a la delincuencia respecto a la frustración de sus planes finales. Pero a nivel mundial, parece que se están confiscando menos del uno por ciento de los flujos financieros ilícitos.
b) Se detecta que las autoridades lo hacen haciendo bastante bien en la primera parte de esta tarea: identificar y congelar fondos ilícitos y otros activos durante las investigaciones. Pero no parecen estar llegando a la siguiente etapa, y crucial, es decir, confiscar permanentemente suficientes activos ilícitos para crear un efecto disuasorio.
c) Eso es menos un problema con el marco jurídico y más un problema con su implementación. A nivel mundial, la efectividad de las medidas de decomiso según los datos del GAFI es solo del 28 por ciento.
En Hidalgo, con el gobernador Julio Menchaca, hemos presentado las primeras 6 demandas de extinción de dominio y estamos preparando 28 más. Reducir la capacidad económica y patrimonial de los grupos delictivos es la finalidad.
A nivel mundial, México se posiciona en lugar 73 con un nivel de riesgo del 5.21 al alza. No hay duda de que la recuperación de activos, así como la culminación de investigaciones penales en sentencias condenatorias en abreviado y juicio oral reducirían la impunidad de los grupos delincuenciales y el uso que hacen del sistema financiero y no financiero para lavar el dinero producto de la amplia gama de ilícitos de los que se valen para operar, y cuyo impacto merma el Estado de Derecho y la calidad de vida de las poblaciones.
Encargado del despacho de la PGJ de Hidalgo
