El caso se remonta al 21 de noviembre del año 2000, en el que el ciudadano Juan Pablo de Tavira Noriega, quien fuera director del penal de máxima seguridad del Altiplano y se encontraba en la cafetería de la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo, recibe diversos impactos de bala en la cabeza por parte de una persona del sexo masculino, que terminarían con su vida.
A partir de entonces, se ordenaron y desahogaron diversas pruebas, sin que se pudiera establecer la identidad del agresor. Hasta ahora. El día 22 de mayo, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) ejecutó una orden de aprehensión en contra de Jesús Héctor Palma Salazar alias “El Güero Palma” por su probable participación en el homicidio del penalista y catedrático. Detención que no hubiera sido posible sin la colaboración y la confianza de la Fiscalía General de la República para resolver este caso.
La pieza faltante fue el hecho de que Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo” y “El Güero Palma” habían ordenado el homicidio por una presunta tortura psicológica al primero, al remitirlo a un lugar destinado al aislamiento al interior del penal. Y que, por ello, cobraría venganza.
A petición de la PGJEH, el juez primero penal de Pachuca de Soto liberó la orden de aprehensión que ejecutaron agentes de la procuraduría hidalguense en coordinación con la Fiscalía General de la República al interior del Cefereso No.1 del Altiplano en el Estado de México, donde actualmente se encuentra preso “El Güero Palma”.
23 años de impunidad llegaron a su fin. La PGJEH no descansará hasta obtener sentencia condenatoria por estos hechos, y en hacer justicia para la familia de la víctima. Sin duda, la colaboración y cooperación entre las procuradurías y fiscalías de los estados, entre éstas y la Fiscalía General de Justicia, es lo que se requiere para hacer efectiva la procuración e impartición de justicia en el país, así como a coadyuvar en abatir la impunidad de fenómenos delictivos particularmente violentos, como es la Delincuencia Organizada.
