La corrupción es la afrenta de nuestro tiempo y sus implicaciones obstaculizan el desarrollo económico y social en el mundo. Un análisis elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicado en 2019 sobre la relación que existe entre la corrupción y los ingresos fiscales de los gobiernos revela que este flagelo tiene un impacto significativo en las cuentas públicas, incluyendo su capacidad para recaudar impuestos y garantizar el gasto social. Así, una comparación entre los países que son percibidos como menos corruptos recaudan 4% más del PIB que sus homólogos más corruptos, o el caso de que, entre los países de bajo ingreso, la proporción del presupuesto dedicada a la educación y la salud es un tercio más baja en los países sumamente corruptos.
Además, la calidad de la infraestructura y de los servicios públicos se ve cuestionada cuando las decisiones del gobierno responden al soborno y al nepotismo. En ese sentido, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) estima que, a nivel mundial, por concepto de sobornos, se paga anualmente más de un billón de dólares. En definitiva, la corrupción perjudica desproporcionadamente a los grupos más pobres y vulnerables de la sociedad al desviar fondos públicos destinados a mejor su calidad de vida.
Políticamente, la corrupción reduce la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y sus funcionarios, socaba el Estado de Derecho y la legitimidad de la democracia. Aunado a que provoca la pérdida de enormes cantidades de recursos públicos que deben destinarse a los sectores que más los requieren. En los últimos años, una serie de escándalos ha sacudido literalmente el erario en la región y México no es la excepción, revelando esquemas sofisticados y complejos que involucraron tanto al sector privado como a actores políticos, como fue el caso Odebrecht.
El informe Latinobarómetro (2021), indica que en América Latina, las personas a cargo de las instituciones más importantes de la democracia se encuentran bajo la sospecha mayoritaria de ser corruptos. Esta realidad también es percibida por la sociedad mexicana, que según el INEGI, ha colocado a este problema entre los temas que le generan mayor preocupación, solamente por debajo de la inseguridad y la delincuencia. Además, de que se coloca entre las principales fuentes de lavado de dinero en nuestro país de acuerdo con la Evaluación Nacional de Riesgos (2020).
Los escándalos de corrupción son el resultado de un contexto social y político que involucra a numerosos actores, influenciados por diferentes factores que la consecuentan. En diversos grados, esto refleja una aplicación deficiente de la ley, falta de transparencia y rendición de cuentas, de controles ciudadanos, vacíos legales, una gobernanza débil y, desde luego, la impunidad con la que operan. En nuestro país los ejemplos de corrupción son abundantes. En las últimas administraciones presenciamos casos como el referido, la Estafa Maestra, Operación Safiro o la Viuda Negra, entre otros, orquestados desde la titularidad del poder ejecutivo federal mediante adjudicaciones públicas, evasión fiscal o financiamiento ilícito de campañas. Pero la presencia de corrupción en entidades federativas no es menor…y es el turno de la denominada Estafa Siniestra en Hidalgo, con esquemas de operación similares a dichos casos.
En varios municipios de Hidalgo el modus operandi era el mismo: se hacían las transferencias desde la Secretaría de Finanzas a las cuentas de los ayuntamientos y de ahí se dispersaba el recurso a empresas fachada. En este momento, hay 8 alcaldes vinculados a proceso por estos hechos, 3 de ellos en prisión preventiva, y la investigación continúa. El monto del presunto desvío es de 522 millones de pesos.
A los alcaldes se les imputa como responsables de peculado agravado y uso ilícito de atribuciones por transferencias hechas a empresas fantasma, las cuales emitieron facturas por servicios y obras inexistentes. Sin embargo, apenas es la punta de iceberg en el saqueo de recursos públicos, que vincula al primer círculo del exgobernador anterior. Ahora, se han librado 7 órdenes de aprehensión, y se han cumplido 2 de ellas, relacionadas con funcionarios a nivel estatal.
Se cuenta con documentos oficiales que avalan dichas transacciones donde se pretendían justificar obras como rehabilitación de caminos y el desarrollo de aplicaciones para el gobierno, más adquisición de insumos para hacer frente a la pandemia por Covid-19, que no tuvieron cabida en la realidad.
El gobierno de Julio Menchaca busca recuperar el total de los recursos desviados a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado que se creó en el estado, y por otro lado, implementar una política social que priorice y agilice recursos públicos para los sectores más pobres y marginados.
Fueron 93 años de gobiernos priistas en Hidalgo, casi un siglo, y se puede dar constancia del poco desarrollo económico y la marcada desigualdad social prevaleciente en la entidad, controlada por figuras caciquiles que han concentrado el poder político y económico desde tiempos de la Colonia.
Para luchar contra la corrupción, es necesario armarse de garra política. Afortunadamente, el pensamiento sobre la corrupción está cambiando. Hoy en día, los signos de intolerancia hacia la corrupción han aumentado y el activismo ciudadano cobra auge, al igual que la preocupación de la comunidad internacional para desincentivarla. Fortalecer los sistemas de justicia debe estar en la agenda pública a fin de detectar a tiempo posibles casos de corrupción, iniciar las investigaciones correspondientes y obtener sanciones ejemplares. Un Estado de Derecho no se entiende si hay impunidad. Un país con corrupción y casi 58 millones de pobres según cifras oficiales, sencillamente está destinado al fracaso.
Procurador en funciones de Hidalgo
