El Poder Judicial es pieza fundamental para que el engranaje del sistema de justicia funcione eficientemente, y para el fortalecimiento del Estado de Derecho y la democracia. En México, el nivel de impunidad fluctúa entre el 90 y el 96%, que se explica en gran medida por el modelo actual de procuración e impartición de justicia caracterizado por sus altos costos, selectividad, opacidad y la falta de una justicia pronta y expedita. Así que algo estamos haciendo mal. La reforma constitucional de 1994 para el Poder Judicial, requiere reevaluarse sin duda.
Para abonar al debate que ha aperturado nuestra próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, a propósito de la reforma judicial, desgloso 15 puntos que pueden resultar valiosos para fortalecer el sistema de justicia en nuestro país.
1) Reforma a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para separar el Tribunal Constitucional del Tribunal Superior de Legalidad. En un transitorio, establecer la remoción de las y los actuales ministros, en los términos que Ernesto Zedillo Ponce de León lo hizo en 1994.
2) Para la elección de las ministras y los ministros de la Suprema Corte, que la virtual presidenta envíe una terna al Senado y quien sea designada o designado, sea votada o votado en referéndum popular.
3) Separación del Consejo de la Judicatura Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableciendo presidencias diferenciadas.
4) Integración mayoritaria del Consejo de la Judicatura Federal con miembros externos al Poder Judicial de la Federación, particularmente de miembros del Foro y de la Academia, con solvencia moral para enfrentar a los internos.
5) Sustituir la designación de los consejeros(as) de la Judicatura Federal que provienen de la magistratura que actualmente realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a un sistema de elección directa en donde jueces y magistrados voten por quienes los representarán en el Consejo, como sucede en España.
6) Cambiar el modelo de designación de los magistrados(as) electorales de las salas regionales del Tribunal Electoral para preservar la función de carácter técnico.
7) Mejorar los controles de la Sala Superior del Tribunal Electoral con una comisión de administración integrada mayoritariamente por consejeros de la Judicatura; y que pueda velar también por la disciplina y vigilancia de las y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, algo inexistente en este momento.
8) Eliminación de los magistrados(as) electorales de las entidades federativas, cuyas funciones sean asumidas por las salas regionales del Tribunal Electoral.
9) Promover y fortalecer los mecanismos de solución de controversias; así como robustecer la justicia cívica a nivel municipal para despresurizar a las fiscalías y procuradurías con temas que no deberían accionar la ultima ratio.
10) Fortalecer a las unidades de medidas cautelares y homologar su adscripción al ámbito judicial.
11) Interconexión de sistemas informáticos entre Fiscalías y procuradurías, C5 y demás sistemas de inteligencia.
12) Expedir la Ley General Orgánica del Ministerio Público, que incluya despliegues ministeriales, servicio de carrera y el derecho de acceso a créditos hipotecarios para mejorar la calidad de vida de todas las personas servidoras públicas de los sistemas de procuración de justicia y seguridad, entre otros.
13) Convertir el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) y la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CFPJ) en un Sistema Nacional de Justicia de rango.
14) Reformar el artículo 19 constitucional, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y fortalecer las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE’s) y su relación con la CNBV, el SAT y la UIF.
15) En el tema de víctimas, personas con capacidades diferentes y desaparecidas:
Víctimas
Personas con capacidades diferentes
Personas desaparecidas
México tiene una deuda histórica con las víctimas; es momento de apostar por un sistema de justicia en el que el derecho de acceso a la justicia y el combate a la impunidad sea una realidad.
Abogado.
@SNietoCastillo