Como tu representante en la Cámara de Diputados, te quiero explicar por qué voy a votar en contra de la reforma energética que presentó el Presidente López Obrador.
Primer argumento. Estado de derecho. En la exposición de motivos, el Presidente afirma que los actuales operadores de energía privados incurren en los delitos de fraude a la ley, fraude fiscal y despojo. No los ha denunciado, estando obligado a ello. En cambio, propone una reforma a la Constitución, supuestamente para corregir esas conductas —prueba fehaciente de que los delitos no eran tales—. Al hacerlo, plantea la retroactividad de la ley para terminar con todos los contratos de los operadores privados, lo que además, violenta tratados internacionales en materia de comercio y medio ambiente y como corolario, destroza la confianza que la comunidad internacional le tiene a México.
Segundo argumento: autosuficiencia energética. La iniciativa menciona la puesta en marcha de un nuevo sistema eléctrico autosuficiente. Lo que implica que la CFE debe bastarse por sí misma para producir energía —al menos 54% del total— ¿Cómo puede ser autosuficiente, si depende del extranjero para el 70% del suministro de gas?, ¿cómo puede bastarse a sí misma, si sus principales insumos están atados a precios internacionales que no controla?, ¿cómo puede brindar energía más barata si no cuenta con tecnología de punta para reconvertir las actuales refinerías o para construir nuevas plantas? México está inmerso en un mundo globalizado, no se puede aislar bajo el argumento de la autosuficiencia y desaprovechar las grandes ventajas de ser parte de la comunidad internacional.
Tercer argumento: costo país. La reforma acaba con el actual mercado y sus reguladores. Estimar el costo de la energía futura no es posible, pero sin duda será mucho más caro que el actual, dado que plantea que la CFE incremente su producción de energía del 38% a por lo menos el 54%. Ese aumento le cuesta al país 60 mil millones de pesos al año. El costo de CFE es 26% más caro que el de los operadores privados —1,413 mw/h vs 1,124 mw/h—Ese costo se incrementa en 252% si se compara con el que tienen los operadores privados de energía renovable.
CFE, al transformarse en un monopolio , estaría obligada a hacer las futuras inversiones de todo el sector eléctrico. Lo que se estima en un requerimiento adicional de 70 mil millones de pesos anuales para invertirlo en nuevas plantas, líneas de transmisión y distribución de energía eléctrica.
Además, terminar los actuales contratos que se tienen con operadores privados, traería como consecuencia una indemnización, cuyo piso mínimo sería el monto de las inversiones realizadas, que oscila entre 30 y 40 mil millones de dólares. ¿Quién pagaría todo esto? No hay más: contribuyentes o usuarios. Finalmente, serán deudas para las actuales y futuras generaciones. Irremediablemente, tarde o temprano, el costo de la energía se incrementará substancialmente e impactará en nuestros productos y servicios, lo que le restará competitividad al país en el mercado global, ello incidirá negativamente en el empleo, en el pago de contribuciones y por lo tanto en los ingresos del Estado, así como en la imposición de nuevos aranceles a nuestras exportaciones, que se generarán por la huella de carbón y por el incumplimiento de los tratados internacionales en materia de comercio.
Cuarto argumento: salud y medio ambiente . La reforma propone que la CFE opere a su máxima capacidad, por lo que deberá utilizar todas sus plantas, que incluyen las que operan con combustóleo. Este combustible es inclusive más contaminante que el carbón porque, además de generar dióxido de carbono, genera óxido de azufre, lo que pone en riesgo la salud de todos nosotros y también del medio ambiente. Este tema ya lo traté ampliamente en el artículo denominado: “La leña del Diablo”, que puede consultarse en: https://www.eluniversal.com.mx/opinion/la-lena-del-diablo
La reforma vulnera el estado de derecho, tiene una concepción equivocada en la autosuficiencia de energía e incurre en un mayor costo país. Además, genera un enorme riesgo para la salud, para la naturaleza y atenta contra el cambio climático. Por si esto fuera poco, destroza la confianza que la comunidad internacional tiene puesta en México.