Es irracional, absurdo e ilógico que en una democracia el Presidente de la República decida no dialogar con la oposición. No verla, no escucharla, ignorarla, como se hizo muchas veces, cuando tuvimos gobiernos con tintes autoritarios y se desdeñaba el diálogo con la oposición, bajo el infausto lema de: “ni los veo, ni los oigo”.
El diálogo político no es una concesión graciosa del Presidente. Es su obligación constitucional. Sin diálogo la democracia se obstruye y se degrada. Se impide escuchar al otro y al hacerlo se niega la pluralidad. No hay democracia sin diferentes, sin opiniones críticas, sin contrastes, sin tolerancia y sin respeto a los opositores.
El pueblo mexicano decidió constituirse en una República representativa y democrática, que se traduce en un sistema de partidos políticos, que son entidades de interés público y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática. Todo esto es lo que la Constitución literalmente establece y que el Presidente López Obrador protestó cumplir. En los hechos, al negarse a dialogar con el principal partido de oposición, que es el PAN, está anulando sus principales preceptos.
Es claro que la oposición y el Presidente pensamos distinto, que nuestras ideologías y maneras de ver la vida y el futuro de México, son diferentes. Pero eso no nos hace ser enemigos. Por más rencor, inquina, odio y ánimo vindicativo que el Presidente pueda tenerle a la oposición, él es Jefe del Estado Mexicano, es representante de todos. Su función es unir, no dividir. Sus calificativos que todas las mañanas profiere en contra de la oposición y de sus críticos, agravian y ofenden, pero no solamente a quien se los dirige, sino a su propia investidura. Cada vez que pronuncia sus insultos, sobaja, humilla y denigra la jefatura del Estado Mexicano.
El Presidente pasa por alto que su coalición, encabezada por Morena, perdió las pasadas elecciones federales. La oposición obtuvo casi 3 millones de votos más y la coalición “Va por México” quedó prácticamente empatada con la coalición oficial. Eso se tradujo en que el Presidente no puede llevar a cabo reformas constitucionales sin la aprobación de los opositores. También, en caso de que su mayoría impulse leyes inconstitucionales, la oposición puede anularlas mediante sus recursos ante la Suprema Corte de Justicia. De la misma manera, la coalición oficial no podrá hacer aprobaciones de nombramientos que requieran una mayoría calificada.
¿Qué tenemos enfrente, del lado legislativo? Tres reformas constitucionales que el Presidente busca su aprobación: la eléctrica, la militarización de la Guardia Nacional y una reforma electoral para debilitar la autonomía y la independencia del INE. Por supuesto que no pasarán.
¿Qué más tenemos enfrente? Una serie de crisis agudas, causadas por una violencia desbordada; una economía peligrosamente debilitada; un sistema de salud que ni siquiera alcanza para distribuir adecuadamente los medicamentos; un sistema educativo con retrasos estructurales graves y deserción potenciada por la pandemia; una obvia falta de estado de derecho; innumerables violaciones a la Constitución y una polarización en la que el Presidente le da trato de enemigos a sus opositores y críticos, al punto de utilizar los instrumentos del Estado para combatirlos.
Muchos de los problemas nacionales rebasan la competencia del Congreso Federal y tienen que ver con políticas públicas y decisiones propias del Presidente de la República. En el Congreso hay diálogo, pero en las cuestiones importantes, como es el caso del presupuesto, a las iniciativas del Presidente no se les mueve una sola coma. ¿Qué sentido tiene el diálogo, si la posición oficial es inamovible?
Nunca hubo diálogo cuando se optó por la estrategia de abrazos y no balazos, que ha dejado un saldo de más de 107 mil homicidios violentos en lo que va de esta administración. Nunca hubo diálogo al optar por no salvaguardar la planta productiva del país y la generación de empleo durante la crisis que provocó la pandemia y que dejó un crecimiento económico de 0% en lo que va del sexenio. Nunca hubo diálogo cuando se dieron por terminadas las grandes inversiones que se habían hecho en el país, como el aeropuerto de Texcoco o la construcción de la planta cervecera de Mexicali, lo que ha provocado que las inversiones retrocedan al nivel que teníamos hace 24 años. Nunca hubo diálogo cuando se eliminó el seguro popular y se dejó a más de 14.5 millones de beneficiarios sin cobertura. Nunca hubo diálogo cuando se cancelaron las estancias infantiles, afectando a más de 300 mil niños. Nunca hubo diálogo cuando se cerraron los refugios para mujeres violentadas, dejando a más de 20 mil mujeres indefensas. Nunca hubo diálogo cuando se concluyó con el programa de escuelas de tiempo completo, que dejaron a 3.6 millones de niños sin ese apoyo. Nunca hubo diálogo para, en los hechos, militarizar a la Guardia Nacional. Nunca hubo diálogo cuando se suprimieron los presupuestos de las policías municipales. Nunca hubo diálogo para cambiar todo el sistema de distribución de medicamentos. Tampoco para casi romper relaciones diplomáticas con España o para dar esa inadmisible respuesta al Parlamento Europeo.
¿Dónde está la voz de la mayoría, que en las elecciones pasadas votó por una visión diferente a la del actual régimen? ¿Por qué no se les está escuchando? ¿Dónde está la democracia mexicana? ¿Por qué el Presidente la degrada y la humilla todos los días, anulando su esencia?
Presidente, usted tiene la palabra para dar respuesta a estas preguntas y lo que es más importante, también tiene la palabra para dialogar con la oposición.
Diputado federal.
