A raíz del anuncio que hicieron el presidente de la República, sobre sus intenciones de adscribir a la Guardia Nacional a la Sedena y separarlas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPPC), se han presentado un sinnúmero de opiniones al respecto.
Creo que la inmensa mayoría de estas expresiones se han dado en el sentido de condenar la esa decisión, no solamente por ser descaradamente inconstitucional, sino, más allá de formalismos legales, porque la seguridad debe de ser una función que desarrollen instituciones policiales, debidamente entrenadas como policías y no como militares.
Algunas otras voces, han querido justificar la decisión del presidente, francamente con argumentos insostenibles. Alguno por ahí dijo que militarización es lo mismo que dictadura militar, y que en México no se encontraba en dicho supuesto.
Por supuesto que no es lo mismo militarización de la seguridad pública que dictadura militar. Pero es perfectamente posible que se dé un proceso de militarización en diferentes esferas de la vida pública al otorgarle cada vez más y más funciones a las Fuerzas Armadas, alejadas de su verdadera misión, que es el combate de ejércitos enemigos en contextos de conflictos armados, ya sean internos o internacionales.
“Militarizar” es infundir la disciplina y el espíritu militar; someter a la disciplina militar; dar carácter u organización militar a una colectividad. Estas son las definiciones del Diccionario de la lengua española. Desde Calderón para adelante, y muy particularmente durante la administración de AMLO, se ha dado un proceso de militarización, en todos los sentidos transcritos del vocablo “militarizar”.
Se quiere infundir la disciplina y el espíritu militar en instituciones que por naturaleza son de carácter civil, y por lo tanto no deben de estar infundidas del espíritu militar. Se ha sometido a la disciplina militar a actividades que nada tienen que ver con lo castrense, como cuestiones de puertos marítimos, construcción de obras, etc. Se pretende dar carácter u organización militar a una corporación policial, que por mandato constitucional debe de ser de carácter civil, y estar adscrita a la SSPPC.
Desde tiempos de Zedillo en adelante, las instituciones de derechos humanos internacionales que han visitado a México, o han analizado la situación del país, se han pronunciado de manera consistente en contra de la militarización de la seguridad pública. Han recomendado que el gobierno adopte medidas para retirar de las funciones de seguridad pública a las Fuerzas Armadas. Esto no es nuevo. No ha habido silencios en los sexenios anteriores. Y en este sexenio se han reiterado esas mismas recomendaciones por otras instancias internacionales, como es el caso de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Comité contra las Desapariciones Forzadas.
Es absurdo querer defender la militarización de las funciones de seguridad pública, diciendo que no estamos bajo una dictadura militar, como las que existieron en Argentina, Uruguay o Chile. No se trata de eso. Se trata de evitar que es una función que debe de ser conducida y comandada por civiles, sea llevada a cabo por militares.
Quienes antes se oponían vigorosamente a la Ley de Seguridad Interior de Peña Nieto, hoy, a través de gimnasias argumentativa por demás ilógicas, se contradicen a sí mismos. Otros y otras, que se han mantenido firmes en su rechazo a la militarización desde hace décadas, no han guardado silencio antes, ni lo están haciendo ahora.
Si no fuera trágico, resultaría completamente irrisorio que ahora, los que se dicen progresistas, estén a favor de la participación de las Fuerzas Armadas en cualquier cosa, y que tachen de conservadores a quienes se oponen a ello y están a favor de la civilización de la seguridad pública.
¡Más congruencia por favor!
