La semana pasada el Presidente de la República se refirió a diversas organizaciones de la sociedad civil (OSC) dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos. Hizo referencia a dos cuestiones fundamentales.
Primero se refirió a las OSC, durante los gobiernos anteriores, aseverando que no dijeron nada sobre las violaciones a derechos cometidas durante dichos gobiernos. En segundo lugar, particularmente en el caso de Artículo 19 (OSC dedicada a la defensa de los derechos a la información y a la libertad de expresión) se centró en señalar a las fuentes de financiamiento de esa OSC, indicando que se trataba de empresas (refiriéndose a fundaciones o agencias gubernamentales de cooperación) extranjeras.
La primera afirmación es demostrable en cuanto a su inexactitud. Las OSC de derechos humanos más destacadas y reconocidas, llevan décadas de existencia y de trabajo continuo en la defensa y promoción de los derechos. Destacadamente desde tiempos del sexenio de Zedillo, denunciando masacres y otros graves casos de violaciones de derechos humanos a manos de agentes estatales o grupos paramilitares, pero aún más, en gobiernos posteriores, especialmente los de Calderón y Peña Nieto. Además dichas OSC representaron y representan a víctimas ante tribunales y organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.
En el segundo caso, respecto de las fuentes de financiamiento de las OSC y en particular de Artículo 19, se sabe que son públicas. Lo destacable es que se pretende dar la impresión de que, obtener financiamiento de fundaciones extranjeras o de agencias de cooperación de gobiernos extranjeros, es algo negativo, cuando es la regla general en las OSC, no sólo de México, sino de todas partes del mundo. Además, agencias de cooperación de países extranjeros también apoyan instituciones públicas, como la colaboración formalizada en febrero de este año entre la agencia estadounidense USAID y la Comisión Nacional de Búsqueda mexicana, para el apoyo en la coordinación para la localización e identificación de personas.
Lo que merece destacarse, es que las críticas a Artículo 19 no se centraron en descalificar su trabajo, sus litigios en representación de víctimas o por interés legítimo, sus informes y estudios, en cuanto a su contenido. No se “desmienten” con datos, sino sólo se descalifican por las fuentes de financiamiento o por sus integrantes anteriores o actuales. Se trata, entonces, de descalificaciones ad hominem que no abonan a la discusión constructiva de la información pertinente, sino que se limitan a descalificar a las OSC, sin entrar al verdadero fondo de las cuestiones relevantes.
Diversas voces nacionales e internacionales se manifestaron para respaldar a Artículo 19, indicando, por ejemplo, que en un país en el que la defensa de los derechos humanos y el ejercicio del periodismo son particularmente peligrosas, las descalificaciones de ese tipo (por el financiamiento, por los apellidos o familiares o cargos de sus integrantes o de sus actuales o pasados representantes, etc.) hechas por altos funcionarios públicos, debe evitarse, pues pueden producir (y de hecho producen) animadversión en importantes segmentos de la sociedad, particularmente de quienes simpatizan con el gobierno.
Las palabras de un gobernante con un apoyo popular tan importante como el que tiene el Presidente López Obrador, implica una mayor responsabilidad en este sentido. Es por ello que las descalificaciones provenientes del Presidente tienen el mayor peso e influencia, y por eso deben de ser en extremo prudentes.
Además, las OSC son indispensables en la democracia de cualquier país, que más que pretender debilitarlas, debería de buscarse su fortalecimiento, pues ellas realizan una labor, complementaria al gobierno, en favor de quienes son víctimas de violaciones de derechos humanos, que requieren de su acompañamiento.
@CORCUERAS
