Se dio a conocer el tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI), para la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida en 2014.
Fue gracias a la voluntad política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que el GIEI tuvo acceso a documentación e información, incluidos videos, que revelan situaciones verdaderamente alarmantes.
No sólo se comprueba la falsedad de la “verdad histórica”, sino que se agrega información que involucra a las fuerzas armadas, incluida, como no se sabía antes, a la Marina Armada de México.
Después de la presentación del informe, lo que queda claro es que hay mucha información nueva, pero también muchísima información que aún está pendiente de ser revelada. Queda muy clara la tremenda resistencia que diversas agencias gubernamentales, especialmente las pertenecientes a las fuerzas armadas, han ofrecido para poner a disposición del GIEI, y de la sociedad en general, la información pertinente, a pesar de la orden directa del Presidente de la República.
El informe del GIEI nos da a conocer la deliberada intención de manipular las pruebas, encubrir a los responsables, e incluso, el ocultamiento intencionado de información.
Mucha información adicional se ha dado a conocer, lo cual es de celebrarse. Pero también, muchas preguntas quedan abiertas. Entre otras preguntas que deben de resolverse, son las que se desprenden del artículo 6 de la Convención de la ONU sobre desapariciones forzadas, que en su parte relevante dice:
“Los Estados Partes tomarán las medidas necesarias para considerar penalmente responsable por lo menos:
b ) Al superior que: i) Haya tenido conocimiento de que los subordinados bajo su autoridad y control efectivos estaban cometiendo o se proponían cometer un delito de desaparición forzada, o haya conscientemente hecho caso omiso de información que lo indicase claramente; ii) Haya ejercido su responsabilidad y control efectivos sobre las actividades con las que el delito de desaparición forzada guardaba relación; y iii) No haya adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir que se cometiese una desaparición forzada, o para poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento; c ) El inciso b ) supra se entiende sin perjuicio de las normas de derecho internacional más estrictas en materia de responsabilidad exigibles a un jefe militar o al que actúe efectivamente como jefe militar”.
Así pues, uno de los factores del informe del GIEI, se relaciona con la participación de las fuerzas armadas en las investigaciones de los delitos, y en general en labores de seguridad pública.
Después de lo que ahora conocemos, debemos mantener la discusión sobre la conducta de las fuerzas armadas y, sobre todo, insistir en el cumplimiento del decreto de reforma constitucional sobre seguridad pública y Guardia Nacional, para preservar el contenido del artículo 21 constitucional y hacer cumplir los artículos transitorios, para que las fuerzas armadas se retiren de las tareas que ahora desempeñan en materia de seguridad pública, para, finalmente, tener corporaciones policiales verdaderamente civiles.
La idea de adscribir a la Guardia Nacional a la Sedena, que ha anunciado el presidente López Obrador, debe de ser cuestionada; y no solamente cuestionada, sino fuertemente combatida, para que no se haga realidad.
Más bien, se debería impulsar decididamente la iniciativa alternativa en materia de seguridad, propuesta por el movimiento #SeguridadSinGuerra, adoptada y presentada por el Grupo Plural del Senado de la República el pasado 31 de marzo (https://bit.ly/3qQKUjJ).
