Para Nadin Reyes Maldonado, amiga e incansable luchadora
El 25 de mayo de 2007, dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, fueron privados de su libertad en Oaxaca, a manos de agentes del ejército mexicano. Desde entonces y hasta esta fecha, se desconoce su paradero. Son víctimas de desaparición forzada.
Sus familiares interpusieron amparo en su representación y en calidad de víctimas, con el fin de exigir su localización con vida y la responsabilidad directa o indirecta de los responsables de la desaparición. El 6 de mayo de 2019, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, otorgó el amparo correspondiente, ordenando, entre otras cosas, la búsqueda de las personas desaparecidas, la comparecencia de los agentes del ejército posiblemente responsables de la desaparición, la apertura de los cuarteles del ejército mexicano y la reparación integral del daño, incluyendo la publicación de la sentencia respectiva.
Entre las autoridades señaladas como responsables de cumplir con la sentencia de la jueza de amparo, se encuentra en la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional. Dichas dependencias se inconformaron en contra de la sentencia de la jueza de amparo, e interpusieron recurso de revisión. El caso se encuentra a consideración de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo la ministra ponente Margarita Ríos Fajart.
El pasado 16 de junio, se hizo público el proyecto de sentencia propuesto por la ministra Ríos, en el sentido de confirmar la sentencia de la jueza de distrito, y negar o rechazar los argumentos interpuestos por las autoridades que se inconformaron.
No obstante algunas omisiones contenidas en el proyecto de sentencia, el hecho de que se propusiera la confirmación de la sentencia de amparo, que protege a los desaparecidos y sus familiares, representó una gran esperanza para los seres queridos de Edmundo y de Gabriel.
El pasado miércoles estaba agendado el caso para ser resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte, y los familiares de los desaparecidos, amigos, organizaciones civiles y acompañantes, se presentaron a las afueras de la Suprema Corte a realizar un mitin de apoyo, en espera de la sentencia.
No obstante, la primera sala decidió posponer la consideración y votación del asunto para más adelante, sin especificar fecha.
Los familiares de Edmundo y de Gabriel llevan 15 años en la lucha; la sentencia de amparo es de hace tres años, y el recurso de revisión lleva casi dos años a la espera de resolución en el Suprema Corte.
Esperamos que la Suprema Corte no postergue por demasiado tiempo la resolución definitiva de este importantísimo caso, y confirme los derechos de las personas desaparecidas a ser buscadas, los derechos de los familiares y seres queridos de las personas desaparecidas, a que busquen a los desaparecidos, que se reconozca la naturaleza continua o permanente de la violación de derechos humanos de la desaparición forzada, y con ello el principio de presunción de vida de las personas desaparecidas, que se confirmen las obligaciones de las autoridades a rendir cuentas, transparentar los hechos, encontrar la verdad, que se continúe con la investigación del caso hasta localizar a los desaparecidos y a los responsables de la desaparición, y que se ordene una adecuada reparación del daño.
Los tratados internacionales en materia de desaparición forzada, de los que México es parte, son muy claros respecto a los derechos y obligaciones antes mencionados, y es de esperarse que la Suprema Corte respete las disposiciones de dichos tratados y haga justicia en favor de Edmundo y de Gabriel, así como sus familiares y seres queridos. ¡Hasta encontrarles!
