El gobierno de México, a través de la SRE, ha anunciado que México ha recibido 391 personas afganas, en calidad de refugiadas o a las que se les ha concedido “visas humanitarias”.
No hay más que aplaudir esta decisión.
Pero (sí, hay un importante “pero”) lo que resulta incongruente es el maltrato y la contención que el Instituto Nacional de Migración, en coordinación con la Guardia Nacional, ejercen en contra de personas centroamericanas y haitianas, que seguramente reúnen las condiciones de personas refugiadas. El canciller Ebrard ha dicho, equivocadamente, que estas personas son migrantes económicas y no refugiadas. Eso es un error. Lo más probable es que las personas hondureñas y haitianas reúnan todas las características para ser reconocidas como personas refugiadas. Sin embargo se les recibe a palos y patadas y se les deporta violando el principio de “no devolución”, que es una norma imperativa de derecho internacional general, reconocida por la comunidad internacional de estados en su conjunto, como norma que no admite pacto, ni práctica, en contrario. El presidente López Obrador, en su discurso, a modo de informe de labores, por su tercer año de gobierno, afirmó que en México no se violan los derechos humanos de las personas migrantes. Eso es falso; la falsedad salta a la vista, no es cosa de otros datos. Devolver personas refugiadas es una violación a sus derechos humanos.
Resulta francamente incongruente el comportamiento del gobierno de México en esta materia. Saca raja política con las personas afganas, y a las personas centroamericanas y haitianas las maltrata y las devuelve. Alardea su dizque “tradición humanitaria” con unas, y con otras mancilla y pisotea esa supuesta tradición.
En el comunicado de prensa No. 374, de fecha 25 de agosto, el gobierno de México señaló: “México se ha caracterizado por su tradición en materia de refugio y asilo y por abrir sus puertas a quienes son perseguidos en sus países por motivos políticos, discriminación racial, de género, origen nacional o de cualquier otro tipo. (…) Tal como en el caso del equipo de estudiantes de robótica, este grupo fue recibido por el canciller Marcelo Ebrard Casaubon, quien afirmó que todas las vidas humanas son importantes (Nota: parece que no todas; y ¿las hatianas y las hondureñas?). (…) Esta es una decisión política del Estado mexicano (Nota: sin duda, muy política, para sacar rédito político con las personas afganas, pero discriminando a las hondureñas o haitianas). El Gobierno de México, fiel a estos principios (Nota: fiel con unas, infiel con otras) y en cumplimiento de los compromisos internacionales que ha asumido (Nota: cumple sus compromisos con las personas afganas, pero no con las hondureñas o las haitianas), reitera su disposición a otorgar protección y asistencia por razones humanitarias, dentro de sus capacidades, a las personas procedentes de Afganistán (Nota: nos queda claro que con las de Afganistán sí, pero con otras, no), cuya vida e integridad se encuentre en inminente peligro (Nota: no así con las haitianas y hondureñas).”
México debería dar un tratamiento no discriminatorio a todas las personas extranjeras que huyen por temores fundados de persecución o porque su vida, su libertad o su integridad estén en peligro.
Esa tradición humanitaria que el Canciller presume, México la honró con las más de 40 mil personas refugiadas guatemaltecas que protegió durante la década de los 80. Hoy debería hacerse lo mismo. Ahí está el segundo párrafo del artículo 26 de la Ley sobre Refugiados, para que se aplique cuando sea necesario; no para que se ignore si no es redituable políticamente.
Resulta reprobable, por decir lo menos, que el gobierno de México lucre políticamente con las personas afganas y maltrate de fea manera a nuestras hermanas centroamericanas y caribeñas.