En el mes de diciembre se conmemoran algunas fechas muy emblemáticas en relación con los derechos humanos.
Definitivamente, la más simbólica de ellas es la del 10 de diciembre, pues se conmemora el aniversario de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en París, en el año de 1948. Éste año se cumplieron 72 años de la Declaración. A partir de entonces, poco a poco, se ha venido desarrollando y fortaleciendo el derecho internacional de los derechos humanos.
El 18 de diciembre de 1992 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el primer instrumento jurídico, aunque no de carácter vinculante, en materia de desapariciones forzadas; me refiero a la Declaración Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. El 20 de diciembre de 2006 se adopta la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, tratado que entra en vigor el 23 de diciembre de 2010.
Para México, estas fechas deben resultar particularmente importantes, en el contexto en el que el país está sumergido.
Por desgracia, el número de personas desaparecidas sigue en aumento. De acuerdo con registros oficiales, en México existen cerca de 80 mil personas desaparecidas. De acuerdo con dicho registro, la escalada comenzó en el año 2006, con la fallida estrategia militarizada para la persecución del crimen por parte del presidente Calderón. Esta política de militarización no ha cesado, sino que, por desgracia, se ha intensificado de manera desproporcionada. Mientras se sigan haciendo las cosas de la misma manera, la violencia no disminuirá.
La temporada navideña es particularmente difícil y dolorosa para quienes tienen un familiar desaparecido. El dolor y la angustia es constante y permanente y en fechas tan simbólicas como éstas, esa sensación se agudiza.
El actual gobierno ha dado algunas señales de luz, pero otras de sombra, en lo que se refiere a su política interior y exterior en materia de derechos humanos. Para muestra dos botones.
El 9 de diciembre, en una ceremonia encabezada por el subsecretario Alejandro Encinas, el estado mexicano reconoció su responsabilidad por la desaparición forzada de tres personas, a raíz de dictámenes del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que condenó a México por la desaparición forzada de Christian Téllez Padilla, Jesús Israel Moreno Pérez y Víctor Manuel Guajardo Rivas. Con anterioridad, este mismo gobierno, y en virtud de otro dictamen del mismo Comité, aceptó la responsabilidad por las violaciones a derechos humanos cometidas en contra de la periodista Lidia Cacho. Durante el sexenio de Peña Nieto, se dieron otras ceremonias de reconocimiento de responsabilidad, derivadas de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Estos actos de reconocimiento de responsabilidad y ofrecimiento de disculpas públicas, son, en sí mismas, un acto de reparación y una muy buena señal que da el gobierno de México.
Por otro lado, el de las sombras, días antes, México compareció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a negar su responsabilidad respecto de las violaciones cometidas en contra de Ernestina Asencio, víctima de violencia sexual a manos de agentes del ejército.
Por un lado el discurso de respeto a los derechos humanos y ofrecimiento de disculpas y promesas de reparaciones, y por otro lado, a la vieja usanza de los gobiernos de Calderón y Peña Nieto: la negación de la responsabilidad ante instancias internacionales.
Este mes, conmemorativo de los derechos humanos, tenemos mucho que reflexionar, y el gobierno, mucho que hacer, pues no basta con declaraciones, sino que es necesario que las declaraciones se demuestren en los hechos. ¡Menos discursos, menos sermones, menos promesas! ¡Más congruencia! ¡Más acciones!
Expresidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas y del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU.
@CORCUERAS
