México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Según Artículo 19, organización no gubernamental dedicada a la protección del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información, durante lo que va del año en curso, en México han sido asesinados cinco periodistas y desde el año 2000 suman 150.
En las conferencias “mañaneras”, el Presidente de la República ha hecho fuertes críticas a periodistas en particular, e incluso, en la conferencia del 19 de julio afirmó que “la inmensa mayoría de los medios de información, que en realidad son medios de manipulación, están abiertamente en contra de nosotros. Es una guerra sucia de todos los medios, con honrosas excepciones”.
La descalificación a “la mayoría de los medios de información” resulta grave, pero lo es mucho más cuando las descalificaciones están dirigidas a periodistas en particular, mencionando su nombre y apellido, como lo ha hecho recurrentemente en el caso de Carmen Aristegui, Ciro Gómez Leyva, Carlos Loret de Mola y otros.
La Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, del sistema de Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, señora Irene Khan, expresó en el informe titulado “La Desinformación y la Libertad de Opinión y de Expresión”, presentado al Consejo de Derechos Humanos durante el 47º periodo de Sesiones celebrado entre el 21 de junio y el 9 de julio de 2021, expresó lo siguiente:
“Por ello resulta doblemente preocupante que las campañas de desprestigio de periodistas se hayan vuelto más perniciosas en los medios sociales. Algunos líderes políticos han calificado a los medios de comunicación de “enemigos del pueblo” o han financiado toda una “industria de noticias falsas” que ahoga sus informaciones. Estos ataques erosionan la confianza de la ciudadanía en el periodismo y aumentan el temor de sus profesionales a hacer su trabajo.” (Párrafo 23 de informe mencionado).
La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en octubre del año 2000, establece lo siguiente:
“La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”.
Además, la misma Declaración de Principios señala, en su párrafo 11, que “los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad”.
Es decir, eso de que “si no quieren que hable de ellos, que no hablen de mí”, es impreciso e incorrecto, no solo para personas que están en búsqueda de una candidatura, sino también, y muy especialmente, para los profesionales de la comunicación.
En un país con los índices de muertes de periodistas como el que desafortunadamente tiene México, la responsabilidad de altos funcionarios gubernamentales, y especialmente del Presidente de la República, es mayúscula, pues sus dichos pueden influir en sus seguidores, quienes pueden realizar actos violentos o atentados contra la seguridad e incluso la vida de las personas periodistas señaladas como “enemigas del pueblo” o “abiertamente en contra de nosotros”.
