El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU (GTDFI), visitó México durante el mes de marzo del año 2011, en las postrimerías del sexenio de Felipe Calderón. El informe de la misión, fue dado a conocer en marzo del 2012, hace 10 años.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, realizará un foro en el que se discutirá y analizará dicho informe y las perspectivas a futuro. En el foro participarán dos integrantes actuales del GTDFI, el argentino Luciano Hazan y la italiana Gabriella Citroni. También participarán el subsecretario Alejandro Encinas, Adela Alvarado del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y el representante de la Oficina de la Alta Comisionada en México, Guillermo Fernández Maldonado. (14 de marzo, 10:00 a.m. por Facebook Live @OnudhMexico).
Cuándo el GTDFI visitó México, ya había comenzado la nefasta “guerra contra el narco” y el uso indiscriminado de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, ordenado por Felipe Calderón. El informe del GTDFI señala reiteradamente la cuestión relativa a la militarización, y recomienda detener el uso de las fuerzas armadas. “La lógica y entrenamiento del ejército y la policía son diferentes y por lo tanto los operativos militares desplegados en el contexto de la seguridad pública deben ser estrictamente restringidos y adecuadamente supervisados por autoridades civiles”. Estas recomendaciones fueron completamente desatendidas, no solamente por el gobierno de Calderón, sino también por el de Peña Nieto, y, sobre todo, han sido ignoradas por el gobierno de López Obrador, que ha agudizado profundamente esta estrategia militarizante.
Ni siquiera el mismo GTDFI pudo obtener información que diera cuenta de la verdadera magnitud de la crisis de las desapariciones en la que ya estaba sumido México: “La CNDH, mediante su SINPEF, registró, de 2006 a 2011, 5,397 personas reportadas como extraviadas o ausentes”. Meses después de que se diera a conocer el informe, a finales de noviembre de 2012, justo al final del sexenio de Calderón, el Washington Post reveló que tenía en su poder una lista preparada desde el interior de la PGR, con 25 mil personas desaparecidas, solamente durante el sexenio de Calderón. La existencia de dicha lista fue corroborada días después de que Peña Nieto tomara posesión de la presidencia de la República, por la subsecretaria de derechos humanos de Segob, Lía Limón, y el procurador general de la República, Jesús Murillo.
Es decir, el gobierno de Calderón engañó al GTDFI al ocultarle la verdadera dimensión del problema. Trató de minimizarlo a toda costa. La actitud negacionista del gobierno de Calderón, no pasó desapercibida al Grupo de Trabajo, quien, en su informe, incluyó como primera recomendación, “que se reconozca la dimensión del problema de la desaparición forzada como el primer paso necesario para desarrollar medidas integrales y efectivas para su erradicación”.
Ahora, el gobierno de López Obrador ha adoptado una actitud distinta en cuanto al reconocimiento del problema. Existe un Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas que se actualiza en tiempo real, y que actualmente arroja un espeluznante número cercano a cien mil personas desaparecidas. Sin embargo, el gobierno de López Obrador no cambia la estrategia militar de seguridad iniciada por Calderón, sino que la fortalece, y así, la tragedia seguirá y se agudizará.
Los retos que presenta la actual situación de las desapariciones en México es descomunal y merece ser atendida como máxima prioridad. El 10º aniversario del informe del GTDFI tras su visita a México, es una oportunidad dorada para ver hacia atrás, entender el presente, y mirar hacia adelante en busca de soluciones efectivas para las víctimas y sus familias.