En México, las remuneraciones de asalariados han representado una proporción baja del PIB con una tendencia a empeorar. Según datos de Inegi, la participación de los salarios en el PIB cayó de casi 32% en 2003 a 28.6% en 2013 y a 26% al inicio de la presente administración. Durante 2019 se mantuvo, e incluso creció un poco hasta llegar a representar 31% en el segundo trimestre de 2020, probablemente como reflejo del importante aumento de los salarios mínimos.
Como en otras partes del mundo, en México, el deterioro de los ingresos de los trabajadores ha ido en paralelo con la instauración del modelo neoliberal y las crisis que este mismo propició. La apertura de la economía a finales de los años ochenta trajo empresas transnacionales innovadoras, que trastocaron derechos laborales para ganar competitividad. Las crisis económicas de esa década usaron como principal herramienta de política económica la contención salarial para reducir la inflación. Esto menguó el poder de negociación de los sindicatos, y a los pocos que se resistieron los aplastaron con la fuerza del Estado.
Al principio de los años 90 se formalizó la apertura económica a través del Tratado de Libre Comercio, donde el atractivo para la inversión extranjera era la mano de obra barata y el debilitamiento de los sindicatos. En estas dos décadas se intentó reformar la LFT a gusto de los empresarios sin lograr llevarla a cabo de manera completa.
Sería hasta los años 2000, bajo los gobiernos panistas que se avanzó en dicha Reforma, (Ley Abascal, Ley Lozano.) Toda la estructura del Estado funcionó para lograr concluir con la Reforma, desde los propios líderes sindicales corrompidos, el poder ejecutivo a través de la Secretaría del Trabajo, el poder legislativo, el judicial y los tribunales laborales. La nueva ley se basaba en los principios de la productividad, flexibilidad, movilidad y polivalencia.
Así mismo, redujo de manera significativa los principales derechos laborales, como son: una jornada determinada, organización sindical y protección ante el despido. También se avanzó en la privatización del retiro y se complicó la firma de contratos colectivos.
Se trataba de reducir costos para las empresas para hacerla competitivas en los mercados mundiales.
Uno de los efectos de esta embestida fue la reducción de la tasa de sindicalización de la PEA activa y el aumento de sindicatos de empresa. La PEA sindicalizada pasó del 17% en 2005, al 12.4% en 2020, manteniendo una alta fragmentación sindical, para impedir que sectores tan combativos como el minero, lograra unificar demandas.
En este contexto es importante destacar dos acciones en materia laboral que están en curso para fortalecer la capacidad de negociación de los trabajadores y mejorar sus ingresos y condiciones de trabajo. Uno, la reglamentación del outsourcing, mediante la cual sólo se permitirá la subcontratación de servicios especializados que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de estos, y siempre que el contratista esté registrado en el padrón público (artículo 15 de la Ley) y, dos, el impulso de una reforma laboral que permite que los agremiados voten de forma directa y libre por sus representantes, además de otras medidas que buscan fortalecer la representación sindical.
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