Uno de los éxitos de las políticas de salud pública detona un desafío para la ciudadanía y los programas sociales: la esperanza de vida incrementa y en seis años en el 40 por ciento de los hogares mexicanos habrá una persona adulta mayor.

En México, de acuerdo con el INEGI, viven 17.9 millones de personas mayores de 60 años —la edad del inicio de la vejez, según la ONU— y para 2030 serán 20.4 millones.

La vejez es lo que decía Julio Cortázar de la esperanza: la vida misma defendiéndose. Ayudan las mejores condiciones físicas, mentales y económicas. En lo personal depende de la calidad con la cual vivimos y, en lo institucional, de las herramientas para garantizar el derecho laboral y de cuidados.

Este sector de la población tiende a situar su manutención en la familia, principalmente las y los hijos, y más de 3 millones enfrentan alguna dependencia para actividades básicas, como vestirse, bañarse o comer. En un 70 por ciento tienen cuidadores informales sin remuneración.

Este 15 de junio se conmemora el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, designado en 2011 con el objetivo de combatir las violencias padecidas por las y los mayores.

La vulnerabilidad de ellas y ellos habita en el hogar; ahí se originan agresiones a nivel físico, emocional, patrimonial, sexual o en la omisión de cuidados. El estrés, complicaciones económicas y enfrentarse al deterioro de la salud dificultan para muchas personas una convivencia con paciencia y empatía, aunque esto no justifica ningún tipo de violencia.

De acuerdo con los reportes al Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, provenientes de todo el país, el 94 por ciento de los agresores son familiares y en más de la mitad de los casos son las hijas o hijos. Dos datos lamentables.

El sentimiento de culpa y la normalización de la violencia juegan en contra para ejercer el derecho a la denuncia. Las víctimas justifican las agresiones porque sus hijos solo están cansados, estresados o porque con recibirlos en su casa y mantenerlos hacen suficiente.

En este contexto son fundamentales las redes de apoyo familiares, vecinales e institucionales. Estrategias como la Pensión para el Bienestar —elevada a rango constitucional e impulsada por la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, para entregarse también a mujeres de 60 a 64 años— representan la oportunidad de garantizarles ingresos para sus necesidades básicas.

Desde la CDMX, gobernada por Martí Batres, la Jefa de Gobierno electa, Clara Brugada, proyecta un sistema de cuidados con casas de día para personas adultas mayores, una Defensoría Social y subsidio para el transporte público.

Empoderarles en el conocimiento de sus derechos, herramientas para reportar violencias y apoyos para garantizarles autonomía económica son clave en un proceso donde la vejez sea un vocablo de respeto y uso reivindicativo.

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