Compartir las mejores prácticas y reconocer la eficacia de políticas públicas más allá de diferencias partidistas o ideológicas representa la mayor oportunidad de beneficiar a las y los ciudadanos.
Desde Durango se gesta un modelo de intervención ciudadana enfocado a la construcción y fortalecimiento de la cultura cívica como factor para la seguridad y la paz.
De acuerdo con el análisis DISI del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, basado en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, esta entidad gobernada por Esteban Villegas registra una disminución de 53 por ciento en delitos de alto impacto.
En el periodo enero-agosto de 2019 se registraron 3 mil 447 ilícitos de este tipo y en el mismo lapso de este año fueron mil 603. Durango se ubica en el quinto lugar entre los estados con mayores reducciones, por debajo de Yucatán, Tabasco, Chiapas y la CDMX.
Tiene una tasa de 125.8 delitos de alto impacto por cada 100 mil habitantes y está entre los cinco con mejor comportamiento en este indicador, revelador de menores probabilidades de victimización. Cinco veces menos que en Baja California y cuatro menos con relación al Estado de México.
Un dato ejemplificador está en el robo en transporte público colectivo. El municipio de Durango, encabezado por José Antonio Ochoa Rodríguez, no registra una sola denuncia por este delito desde julio del 2022. Además, en las calles del centro no hay presencia de vendedores ambulantes.
La política de seguridad del gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador —con una reducción de 29 por ciento en el periodo analizado— ha tenido impacto en todas las entidades, aunque profundizarlo es trabajo de los gobiernos estatales y municipales. Ahí, la voluntad institucional y ciudadana establece diferencias.
Hace unos días, el presidente del Consejo Estatal Ciudadano, Jorge Clemente Mojica Vargas, comentaba que el partido mayoritario es la sociedad civil, la ciudadanía. Una postura indicadora de disposición de trabajo para resolver cuestiones reburujadas, como dicen allá cuando algo se encuentra desordenado o genera conflicto.
Bajo esa lógica de compartir experiencias en beneficio de la sociedad se estableció un convenio entre el organismo duranguense, el gobierno estatal y municipal y el Consejo Ciudadano de la capital nacional para atender las principales necesidades de la población, entre ellas las psicoemocionales y las de orientación preventiva y jurídica ante delitos como extorsión, fraude, violencia familiar o Trata de Personas.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2023 del INEGI ubica al fraude y la extorsión entre los delitos de mayor frecuencia por cada 100 mil habitantes, con 3 mil 886 y 3 mil 727 víctimas respectivamente.
Cuando hay intención de servir, las situaciones reburujadas tienen solución.