Por primera vez, un operativo coordinado resultante de investigación e inteligencia a partir de denuncias ciudadanas anónimas y otras presentadas digital o materialmente ante el Ministerio Público, desembocó en el cateo de cinco centros telefónicos en la capital desde donde se realizaban cobros de reales o supuestas deudas en un ramillete delictivo de carácter global.
Y solamente aquí, en la Ciudad de México, ha ocurrido hasta la fecha. Los montadeudas no han sido combatidos en ningún otro sitio del mundo. Incomprensiblemente.
Situados en oficinas de apariencia corporativa de reciente o última generación, algunos de ellos fueron cateados. Dos fueron abandonados, uno situado en la alcaldía Benito Juárez, al mismo tiempo que se desarrollaba el operativo.
Mientras en otras naciones existen reportes más o menos aislados sobre el concurso de los delitos de extorsión, fraude, cobranza ilegítima y los relacionados con los daños al bien jurídico de la privacidad, pero no se hace prácticamente nada.
O al menos nada cercano a la operación en que participaron la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia. En la CDMX, la decisión de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, desembocó en una incursión sin precedente a nivel internacional.
El Consejo Ciudadano ha recibido en los últimos quince meses un total de 10 mil 286 reportes en una tendencia intensificada en los últimos cuatro meses, que se agregan a los recibidos por la Policía cibernética y en las audiencias matutinas abiertas.
Es de suponerse que miles de personas en nuestro país han sido víctimas de la oferta de liquidez en la forma de créditos supuestamente fáciles sin exigencia de trámites, bajas tasas, inmediatez y libre de consultas al buró de crédito.
En cuatro meses, el Consejo pasó de identificar a 130 apps mediante las cuales se ingresa a los datos personales del cliente-deudor-víctima a 686 la semana pasada. El operativo policial fue, sin duda, un manotazo de autoridad en la mesa: dejaron de estar activas en las siguientes 72 horas, al día de hoy, 313 de aquel total.
Por lo pronto, entonces, ha disminuido en 55 por ciento el número de las apps o de los espacios digitales con prácticas extorsivas y fraudulentas identificados por la ciudadanía.
No será extraño que los gobiernos de algunas de las capitales de origen de esas empresas intenten ahora desacreditar a los empleados mexicanos sobre quienes querrán arrojar la responsabilidad de las prácticas denunciadas.
La posibilidad de justicia depende de la suprema voluntad ciudadana de acudir ante las instituciones de justicia y agregar elementos a nuestra inteligencia colectiva respecto un fenómeno global.
La importancia de coordinación entre la SSC, la FGJ y la determinación política demuestran ser esenciales para incentivar la confianza ciudadana en la denuncia y la cultura de la legalidad.
@guerrerochipres
Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.
