En sus Caminos de Guanajuato, José Alfredo Jiménez rodeaba veredas para evitar Salamanca, donde lo hería de muerte el recuerdo de su hermano fallecido. Setenta y un años después hay quienes buscan esquivar las rutas del Bajío por el riesgo implícito de violencia.
La entidad, gobernada desde 1991 por el PAN, exhibe un deterioro en seguridad, en particular en homicidios dolosos, extorsión y narcomenudeo, delitos perpetrados en su mayoría por grupos del crimen organizado.
Los datos duros son contundentes al respecto y contrastan con las recientes declaraciones del gobernador Diego Sinhue Rodríguez –“vengan los medios y vean lo que está pasando en Guanajuato: una visión de futuro, un estado fregón"–, luego de la comparación desde la mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador con lo ocurrido en Sinaloa.
En el 2018, en el periodo enero-julio, antes de que Rodríguez asumiera la gubernatura, el estado registraba mil 227 homicidios dolosos y 5 mil 132 denuncias por narcomenudeo. Las extorsiones apenas sumaban siete carpetas de investigación, lo cual puede interpretarse como un subregistro desde la Fiscalía de Justicia, encabezada desde hace 14 años por Carlos Zamarripa.
Este año, en los mismos siete meses, los asesinatos crecieron 76 por ciento, la venta de droga 131 por ciento y las extorsiones se multiplicaron por 80.
Municipios como Celaya, Salamanca, Irapuato o San Felipe –que forman parte del corredor industrial del Bajío– requieren de una estrategia integral y eficiente para contener y disminuir los delitos de alto impacto, donde se involucren todas las instancias de gobierno, independiente a filias o fobias políticas.
El cambio de gobierno en la entidad, con la llegada de la panista Libia García puede representar una oportunidad de fortalecer canales de diálogo en interacción con una estrategia a plantearse desde la presidencia de la República por Claudia Sheinbaum, de la cual será central la coordinación con las Secretarías de Seguridad, la Defensa y la Guardia Nacional.
Guanajuato no es Sinaloa. Cada entidad manifiesta contextos diferentes detonadores de violencia. La entidad gobernada por Rubén Rocha registra una baja de 53.6 por ciento en homicidios dolosos y de 74.8 en narcomenudeo; las extorsiones subieron 41 por ciento, en el mismo periodo ya mencionado.
Aun con las distancias estadísticas, ambos estados revelan el tamaño del reto, así como otros –entre ellos la CDMX gobernada por Martí Batres y a partir de octubre por Clara Brugada– exhiben modelo estratégico.
Una oportunidad para mejorar la seguridad.
@guerrerochipres
