Las preferencias partidarias de la ciudadanía no anulan su interés superior y más universal por principios de orden, seguridad y justicia que no pueden ser sometidos a la banalidad ocasional y furiosa de la polarización.
Presentar como “verdad” diatribas contra la autoridad debido a que se es señalado a partir de testimonios y pruebas, puede generar la ilusión de que es válido ignorar la ley con gritos, groserías y otros sombrerazos.
Salvo prueba contundente en contrario, la Fiscalía General de Justicia, bajo la dirección de la fiscal Ernestina Godoy, ha demostrado capacidad para fundamentar con pruebas científicas y testimoniales los casos llevados a proceso.
En la gestión de crisis es común recurrir a medidas de distracción, una alternativa al intento, recomendado por expertos, de ofrecer disculpas y explicar. Este último enfoque parece innecesario a los actores que acusan polarización y la utilizan, piden respeto y lo violentan, sugieren equilibrio y promueven exageración descalificativa del prójimo.
Ningún manejo de crisis reemplaza la oportunidad de crecimiento cívico para una comunidad si a esta la alimentan los respaldos a una legal y legítima administración de justicia. Pruebas y testigos. Hay una ciudadanía informada, crítica, que busca honestidad en sus gobernantes. Al mismo tiempo, existen identidades políticas y sesgos que preferirán parcialidad antes que verdad, aunque sea la mera “verdad jurídica”.
¿Quién iba a pensar que la explosión de una mala instalación de gas en un departamento detonaría la investigación que reactivó la trama de presunta corrupción inmobiliaria entre ex funcionarios de la Benito Juárez?
En su libro “Decisiones difíciles”, el ex presidente Felipe Calderón había revelado “una dinámica perversa” en la afiliación y “moches”. En la página 405 cita sobre Jorge Romero: "famoso por los casos de corrupción que constantemente empresas extorsionadas revelaban”. Margarita Zavala se había pronunciado en una dirección semejante hace diez años. Algo muy grande y relevante asociado con los personajes ahora inquietos tiene su origen en información conocida por los propios integrantes del PAN en la CDMX.
Tiene sentido la sugerencia lógica presentada por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum: ellos tienen que explicar el origen de los departamentos adquiridos por
los ya acusados, que ha sido documentado por la Fiscalía y detallado por un desarrollador en un contexto en que la Cámara Nacional de la Vivienda (Canadevi), en voz de su presidente Leopoldo Hirschhorn, Consejero del Consejo Ciudadano de la CDMX, llama a que “las prácticas de ilegalidad deben ser completamente abandonadas por todos”.
