Estalla una mina terrestre seguida de más explosiones; un grupo delictivo moviliza a pobladores en contra de gobiernos; la disputa por un local y desplazados de comunidad indígena detonan un multihomicidio y existe temor del crimen organizado.
No son estampas. Son porciones de procesos en perjuicio del Estado de Derecho. Los episodios ocurridos en Jalisco, Guerrero, Estado de México y Chiapas revelan el desafío en seguridad pública y nacional. También se muestra la oportunidad para gobernantes y sociedad, para la autoridad y para la ciudadana denuncia.
Este miércoles, en la ceremonia por el Día del Abogado, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, recordó pasajes de las Meditaciones del emperador romano Marco Aurelio, apropiados al momento del país y la capital nacional.
“Solo tenemos el presente, y de ahí conducirnos a la decadencia o la victoria”, cita el Magistrado y podemos aludir la victoria del Estado de Derecho o a su ausencia. Quienes resguardan el orden y quienes pretenden mantener su fractura crean una frontera de confrontación más saturada que la bloqueada autopista a Acapulco.
La seguridad y justicia son desafiantes objetivos, misiones de Estado, tareas inacabadas de fuerzas municipales o estatales o sin capacidades o carentes de actitud y aptitud ante los presuntos responsables de lesiones, privación ilegal de la libertad, homicidio doloso.
En la celebración hospedada por Guerra, el líder del Poder Judicial hizo reconocimiento de la eficacia en el trabajo desarrollado por las autoridades capitalinas, desde la ex Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; el actual mandatario Martí Batres; la Fiscal Ernestina Godoy; el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, y el subsecretario Israel Benítez, cuya capacidad operativa destaca el servidor público convertido en tribuno. También promueve la presencia de alcaldesas y alcaldes de la oposición y baja del presídium, incluyente, a la fotografía con ellas y ellos.
Seguridad y justicia, ideas centrales en el quehacer gubernamental son colocadas como vértebra del Estado de Derecho, un espacio —como lo consideraba el jurista y filósofo austríaco Hans Kelsen, citado por Batres— donde se expresa la voluntad de los integrantes de una colectividad para regir sus actos y conductas con apego a las normas jurídicas, así como el orden y paz garantizados con la fuerza del mismo Estado.
La intervención del jefe de Gobierno rescata una noción del derecho donde lo social y la comunidad se tensan con una perspectiva convencional de mantener o imponer la ley sin discutirla.
Sin propaganda, se dialoga con el pasado académico de los más de mil abogados presentes: ¿es el reto la defensa de la norma o su correspondencia con la expectativa comunitaria y de justicia? ¿Transformar la sociedad en contextos de desigualdad o que permanezca el pobre en la cárcel y el rico en la impunidad formalizada por su inversión en la defensa penal?
Desafíos más allá del 2024.
