Por trabajo, facilidad de traslado o por gusto, el uso de la motocicleta se aceleró en la Ciudad de México, con un crecimiento cercano al 700 por ciento en diez años.
Ese incremento, aunado a la falta de respeto en relación con quienes tienen derecho a usar las motos, eventualmente por falta de pericia y en ocasiones por ausencia de educación cívica respecto del uso apropiado del espacio público vehicular, ha conducido a muertes prevenibles en una explosión sombría registrada en el Valle de México.
Es momento de frenar calaveritas y decesos crueles para mujeres y hombres pilotos, acompañantes y familias de bikers accidentados.
En la capital nacional, entre 2013 y 2023 solo las motocicletas registradas pasaron de 91 mil 324 a 716 mil 400. El número podría ser más alto si consideramos la cantidad de vehículos circulantes sin registro, provenientes de municipios conurbados del Estado de México —donde el año pasado había casi 1.3 millones— o robados.
Los motociclistas protagonizan prácticamente el 50 por ciento de los accidentes vehiculares mortales, la mayoría por derrapamiento o choque, después los peatones y ciclistas. Al final, los automovilistas. En 2023, según el INEGI, en CDMX fallecieron 71 bikers y en Edomex 70.
Proporcional al número de colisiones, en la capital nacional hay cinco veces más probabilidades de morir en uno de motocicleta que en uno automovilístico. Es una situación evitable.
La regulación debe considerar el respeto entre la comunidad vehicular, educación vial y control innovador de la tenencia de las motos desde la misma adquisición, comprobación de habilidades en el manejo, ausencia total en el uso de drogas legales o ilegales, integración e intervención de clubes de motociclistas, así como el uso de equipo de seguridad apropiado.
El casco, debidamente certificado, reduce hasta en 40 por ciento el riesgo de morir durante un accidente y en 70 por ciento el de una lesión severa.
Nos debe ocupar también el uso criminal de las motos, causal de robos sostenidamente crecientes de estos vehículos. De una muestra de aproximadamente cuatro mil homicidios ocurridos en la capital nacional en los últimos 5 años y medio, analizados por el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), prácticamente en uno de cada cuatro estuvo involucrada una motocicleta. Puede vigilarse con propuestas como la presentada recientemente por el propio C5, vinculada al uso de tarjetas de control.
Afortunadamente, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, tiene una determinación ordenadora al respecto. Para limitar la operación de los delincuentes, la regulación requiere capacidad efectiva de control y vigilancia sobre la circulación de los bikers.
Para evitar accidentes y que sean una calaverita más en el Día de Muertos, a todo a la comunidad le interesa una eficiente capacidad reguladora y garante de la seguridad.
@guerrerochipres