Más de un año después de que Ricardo Anaya Cortés anunciara su intención de buscar de nueva cuenta la candidatura presidencial de su partido en el 2024 y de que comenzara a recorrer el país y a subir videos a las redes sociales criticando y cuestionando los problemas nacionales y el actuar de este gobierno, el presidente López Obrador decidió responderle al político panista que fue su principal rival en la contienda de 2018 y que, al parecer, vuelve a ser visto desde Palacio Nacional como un contrincante “de cuidado”, tanto que ahora buscan descarrilarlo con una investigación judicial que lo vincula a los sobornos del caso Odebrecht .
El último video de Ricardo Anaya, subido el sábado pasado a las redes, y en el que denuncia que el gobierno de “López Obrador me quiere meter a la cárcel” y anuncia que ante el riesgo de ser detenido por las acusaciones de “testigos balines” que lo involucraron en el caso Odebrecht salió del país y estará fuera del mismo “por un tiempo”, mereció, a diferencia de videos anteriores, una respuesta inmediata del presidente, quien negó tener nada que ver con las investigaciones de la Fiscalía General de la República contra el panista, y le pidió que “si es inocente se defienda con pruebas y que no se ampare ni huya”.
¿Por qué un año después López Obrador decidió que uno más de los videos de Anaya sí ameritaba respuesta y no todos los anteriores? Porque el movimiento del excandidato presidencial panista tiene que ver claramente con la sucesión presidencial del 2024 y, al enterarse, por filtraciones desde la misma FGR, que están por activarse carpetas judiciales en su contra por delitos como cohecho, operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito , entre otros, el aspirante del PAN a la Presidencia supo que podrían detenerlo y encarcelarlo y que eso ocurriría con el total conocimiento y el beneplácito del inquilino de Palacio que sigue siendo quien manda realmente en la Fiscalía de la República.
Mientras Anaya leyó bien la jugada y trazó su estrategia de salir del país acusando una “persecución política” en su contra para descarrilar su proyecto, en Palacio Nacional dejaron ver que le tienen miedo a un contendiente que saben que puede crecer y que preferirían eliminar anticipadamente. Porque al invocar un asunto de legalidad y de presuntos delitos que, sospechosamente, se han tardado más de un año en investigar y acreditar, tras declaraciones del exdirector de Pemex , Emilio Lozoya Austin , en las que mencionó a Anaya y a otros panistas como presuntos beneficiarios de los sobornos de Odebrecht, lo que parece es que, efectivamente, buscan repetir lo que hizo el gobierno de Peña Nieto en el 2018, cuando una investigación judicial, de la entonces PGR, descarriló y debilitó la candidatura presidencial de Ricardo Anaya, ayudando a un crecimiento de López Obrador que se reflejó después en sus 30 millones de votos.
A estas alturas y después de haber visto cómo en infinidad de investigaciones, denuncias y carpetas judiciales, la Fiscalía General de la República siempre está plegada y subordinada a los designios presidenciales, ya nadie cree en el discurso de que la Fiscalía e incluso el Poder Judicial se conducen con autonomía del presidente, y mucho menos en las palabras y juramentos presidenciales de que él “no cree en la venganza” y de que “ya no es el tiempo de antes porque puede haber políticos presos, pero no presos políticos”. Está muy claro y si no que se lo pregunten a Rosario Robles , que la FGR y aún algunos jueces de consigna, son totalmente capaces de detener, encarcelar y mantener a cualquiera que les ordenen con motivaciones más políticas que legales o judiciales.
De un plumazo, en una sola respuesta el sábado pasado, el presidente López Obrador volvió a poner en el mapa de la sucesión presidencial, esa que él mismo declaró abierta y anticipada en su gabinete y su partido, al panista Ricardo Anaya, al que además elevó de nuevo al nivel de su rival que tuvo en 2018, y de paso confirmó, queriendo o no, que sí venía una acusación judicial en su contra. Porque a AMLO lo traicionó el subconsciente al pedirle a Anaya Cortés “que no se ampare ni huya”, porque si el presidente le recomienda eso significa que sí tiene conocimiento de una carpeta en su contra, algo que, se supone, solo la Fiscalía General de la República lo sabría.
Hoy, suponiendo que la FGR tenga elementos sólidos para acusar, imputar y judicializar un caso en contra de Ricardo Anaya, el costo de llevar a cabo esa medida se eleva considerablemente para la Fiscalía y para la 4T. Buscar, perseguir y extraditar a un líder y un aspirante presidencial de la oposición en el extranjero le daría a este tema un carácter internacional y colocaría al gobierno de López Obrador en el vergonzoso nivel del dictador Daniel Ortega que ha metido a la cárcel a todos los aspirantes que pretenden competirle su enésima reelección en Nicaragua .
Por eso el movimiento de Anaya marca un antes y un después en la sucesión presidencial del 2024 que se sale del control total que pretendía tener el presidente López Obrador. Ya no sólo importa quién será el candidato o candidata que prefiera el presidente y si su corcholata favorita es Sheinbaum , Ebrard o alguna que tiene escondida. Ahora Anaya Cortés también es reconocido como un contrincante serio y de cuidado por la 4T, tanto que lo quieren acusar y encarcelar. El panista, que hoy sigue teniendo un alto nivel de conocimiento en el país, ganará sin duda con todo esto y se va a fortalecer entre el electorado de oposición para volverse una de las pocas opciones reales que hoy se verían para una alianza opositora en 2024.
Podría decirse que Ricardo Anaya arrancó su anticipada carrera de tres años rumbo a la Presidencia en septiembre de 2020 sin mayor pena ni gloria, pero casi un año después, una investigación de la FGR en su contra y una respuesta reveladora del presidente, que lo volteó a ver, le dieron al panista el impulso y la visibilidad que le estaban faltando para convertirse, por segunda vez, en el rival político al que López Obrador bautizó sarcásticamente como “Ricky riquín canallín” en la campaña del 2018, y que se le volverá a aparecer en 2024.
NOTAS INDISCRETAS…
Han pasado ya tres meses desde que la FAA de los Estados Unidos degradó a 2 la calificación aérea de la aviación mexicana y no se ve para cuándo nuestro país vaya a recuperar el grado que perdió de categoría 1 por las fallas, incumplimientos y descuidos de la SCT y su flamante Agencia Federal de Aviación Civil ( AFAC ) que relajaron e incumplieron las medidas de seguridad en los aeropuertos nacionales con el pueril argumento de que “no había trabajadores ni inspectores por la pandemia. Es probable que ni siquiera se logre recuperar esa calificación positiva para cuando inauguren el polémico aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Y lo decimos porque solo para capacitar a 250 nuevos inspectores de la AFAC, que fueron contratados con ese fin, se requeriría de por lo menos 6 meses para que tengan el nivel que reclama la aviación estadounidense y todavía ni siquiera empiezan a capacitarlos. Para incrementar la capacidad de supervisión de la seguridad en las operaciones de las aerolíneas comerciales, el gobierno necesita tener al menos 500 inspectores capacitados en todo el país, tal y como se lo dijeron a la SCT los observadores de la FAA estadunidense, que estuvieron hace unos días en territorio mexicano y que se han comprometido a ayudar a nuestro país para mejorar sus sistemas de supervisión de seguridad para cumplir con los niveles internacionales que marca la OACI, con cursos que los estadounidenses darán y cobrarán, tal y como México aceptó en el acuerdo que se firmó el viernes pasado. Tanto atraso en reorganizar la supervisión aérea y cumplir el compromiso público que hizo este gobierno para recuperar la calificación aérea “en el corto plazo”, parece obedecer al desorden y las grillas que siguen imperando en la Secretaría de Comunicaciones, donde el secretario Jorge Arganis y el subsecretario Carlos Morán , que en esto debieran estar trabajando juntos, ni siquiera se hablan y el secretario ni siquiera le toma las llamadas a su subalterno, mientras que el señor Morán está más ocupado en impartir “cursos de liderazgo” a los funcionarios de la SCT que en acelerar las mejoras en la supervisión aérea del país. ¿Será que, en todo este tema, además de hacerlo quedar mal porque no recuperarán pronto la calificación aérea, al presidente López Obrador le mintieron sobre las causas de esta degradación, en la que culparon a los funcionarios estadounidenses en vez de reconocer el desorden que había en la aviación nacional?... Se baten los dados. Serpiente doble. La semana se viene dura.